La Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamó este miércoles al Gobierno nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario y ratificó la emergencia presupuestaria para 2026, en medio de las tensiones por los recursos destinados al sistema de educación superior.
La decisión fue adoptada por resolución unánime del Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno de la universidad, que además confirmó la emergencia salarial de docentes, nodocentes y profesionales de la salud, así como de las actividades vinculadas a la investigación y la extensión universitaria.
En ese marco, la UBA expresó su preocupación porque el Presupuesto nacional 2026 no contempla lo establecido en la ley de financiamiento, ni prevé la actualización correspondiente para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades.
El Consejo Superior solicitó formalmente a los ministerios de Capital Humano y de Economía que dispongan una actualización urgente del presupuesto, en línea con la inflación registrada, especialmente en las partidas vinculadas con la función de salud que desarrolla la institución.
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial, aprobada en dos oportunidades por el Congreso, tiene como objetivo garantizar recursos para el funcionamiento del sistema universitario y mejorar los salarios de sus trabajadores.
La norma también establece como prioridades la mejora de la infraestructura universitaria, el fortalecimiento de becas estudiantiles, el financiamiento de colegios preuniversitarios y el desarrollo de actividades de docencia, investigación, extensión e internacionalización.
Según indicó la universidad, el Consejo Superior ya había solicitado en octubre de 2025 la promulgación y ejecución de la ley, pero el Poder Ejecutivo todavía no avanzó en su implementación. Ante esta situación, las universidades nacionales iniciaron acciones judiciales para exigir su cumplimiento.
En la resolución se señala que la aplicación de la norma permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario.
La UBA recordó que desarrolla una intensa actividad asistencial a través de seis hospitales e institutos universitarios, donde se brinda atención médica de alta complejidad y se forman profesionales de la salud.
Además, destacó el rol estratégico de las universidades públicas en la formación de recursos humanos para el país. Según datos citados por la institución, casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios argentinos se gradúan en universidades públicas.
En ese contexto, el Consejo Superior subrayó que garantizar la calidad de la enseñanza, la investigación y la atención sanitaria requiere asignaciones presupuestarias suficientes y estables, que permitan planificar y sostener las actividades académicas.
También remarcó que promover una educación de calidad es una obligación indelegable del Estado, y planteó la necesidad de un trabajo conjunto entre el sistema universitario y el Poder Ejecutivo para enfrentar los desafíos actuales.
