El debate por la posible modificación de la ley de glaciares volvió a instalarse en la agenda nacional. Desde organizaciones ambientalistas advirtieron que los cambios en la normativa podrían afectar la protección de reservas estratégicas de agua dulce en el país.
El licenciado en Ciencias Biológicas Matías Arrigazzi, integrante del equipo de campañas de Greenpeace, sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario que el principal riesgo de la reforma es el impacto sobre el sistema que conforman los glaciares y el ambiente periglacial.
“Cuando hablamos de glaciares hablamos de agua. Esta ley protege una de las reservas estratégicas de agua dulce del país”, explicó.
Las audiencias públicas para discutir el proyecto están previstas para el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados, instancia en la que organizaciones sociales, especialistas y ciudadanos podrán expresar su postura sobre la iniciativa.
El eje de la discusión
Desde el oficialismo sostienen que la modificación de la normativa permitiría impulsar proyectos mineros y generar empleo en distintas regiones del país.
Sin embargo, desde Greenpeace advierten que la reforma podría debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos por la ley vigente.
“La ley de glaciares cumplió 15 años y es pionera en el mundo porque protege tanto los glaciares como el ambiente periglacial, que forman parte del mismo sistema. Si se afecta uno, se afecta el otro”, explicó Arrigazzi.
Según indicó, estos ecosistemas cumplen una función clave en la regulación hídrica y abastecen de agua a más de siete millones de personas, además de alimentar cuencas que sostienen actividades productivas en distintas regiones del país.
El especialista también señaló que, aunque provincias como Santa Fe no poseen glaciares, la discusión tiene impacto en todo el territorio nacional.
“Muchos de los alimentos que consumimos se producen con agua que proviene de los glaciares. Si ese recurso escasea, también se afecta la producción y el precio de los productos”, advirtió.
En ese sentido, desde las organizaciones ambientalistas insisten en que, en un contexto de crisis climática y reducción de reservas de agua dulce, debilitar la normativa podría profundizar problemas hídricos en distintas regiones del país.
