La justicia suspendió este martes el traspaso de una parte de la justicia nacional del trabajo a la ciudad de Buenos y la disolución de otra, lo que forma parte de la ley de reforma laboral que impulsó el gobierno nacional de Javier Milei y que aprobó el Congreso Nacional.
Fuentes judiciales informaron que el juez nacional del Trabajo Herman Mendel aceptó una medida cautelar de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio que lidera Julio Piumato.
«RESUELVO: La suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito», sostuvo el magistrado en su fallo.
La decisión implica que quedan suspendidos los artículos 90 y 91 de la reforma laboral que establecían el traspaso de la justicia laboral junto con el acuerdo de transferencia. Pero la decisión no es definitiva. Por un lado, el gobierno nacional -demandado en la causa- puede apelar y también el juez le pidió al Poder Ejecutivo que en tres días presente un informe para contestar la demanda, por lo que así falta decidir sobre el fondo que es la inconstitucionalidad del traspaso.
Por otra parte se va a discutir si es la justicia laboral la que debe resolver esta causa. La Fiscalía le dijo al juez Mendel que debía enviar el expediente al fuero contencioso administrativo federal. Allí la Confederación General del Trabajo inició una causa con el mismo reclamo que hasta ahora fue rechazada.
El traspaso de la justicia laboral que aprobó el Congreso Nacional con la reforma laboral implica que parte de los tribunales del trabajo nacionales pasen a la ciudad de Buenos Aires. Eso forma parte del acuerdo de transferencias con el gobierno nacional, entre ellos la justicia. Esa decisión fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en distintos fallos
Pero la ley también fijó la eliminación de 30 juzgados que hoy están vacantes sin jueces y no contempla qué ocurrirá con los empleados y funcionarios que allí trabajan. Eso fue lo que objetó la UEJN en la causa judicial que presentó.
El gremio de Piumato sostuvo, entre otros argumentos, que la llamada «ley Cafiero» de autonomía de la ciudad de Buenos Aires fijó el traspaso de la justicia y no la eliminación de una parte, que es lo que se aprobó. También que la norma vulnera la estabilidad y continuidad laboral de los empleados que representa y que el Congreso aprobó la reforma laboral en sesiones extraordinarias pero la transferencia no formaba parte del temario, lo que viola ley.
En la transferencia hay una disputa política. El gobierno nacional de Milei y el de la ciudad de Jorge Macri consideran a la justicia del trabajo como cercana al peronismo y que falla a favor de los empleados con resoluciones duras para los privados. Con el traspaso, lo que se busca es crear una nueva justicia más pro empresas. De hecho, desde que la Corte Suprema avaló que el Tribunal Superior de Justicia intervenga en las causas laborales se revocaron muchos criterios de indemnizaciones y accidentes de trabajo.
En su resolución, el juez laboral Mendel aceptó el reclamo del gremio judicial y consideró que «el temperamento adoptado por el Poder Ejecutivo Nacional, respecto al Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, el día 9 de febrero de 2026, no ha sido compatible con el expreso procedimiento establecido» en la ley de transferencia.
El magistrado también planteó que con el acuerdo que aprobó el Congreso Nacional «es susceptible de incrementarse día a día» el cierre de juzgados por jueces que dejen sus cargos.
