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La morosidad avanza entre empresas y las pymes

El panorama del crédito en Argentina comienza a mostrar grietas que van más allá del consumo hogareño. Si bien las líneas de financiamiento corporativo mantuvieron históricamente niveles de cumplimiento más estables que los préstamos a individuos, la tendencia está virando hacia un escenario de mayor tensión. La irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones comerciales está avanzando, aunque lo hace de manera desigual según el tamaño de la firma y por debajo del comportamiento de la morosidad familiar.

En diciembre de 2025, último dato oficial disponible, la tasa de créditos comerciales con dificultades de cobro se situó en el 2,7%, lo que representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes previo. La cifra adquiere mayor relevancia al observar la perspectiva de corto plazo: en diciembre de 2024, este indicador apenas alcanzaba el 0,8 por ciento. Este salto estadístico se concentra principalmente en aquellas financiaciones que ya han sido recategorizadas como de riesgo medio o que presentan inconvenientes estructurales para su cancelación.

Uno de los rasgos más distintivos del mercado crediticio local es su alta concentración. Según estimaciones de Estudio Económicos del Banco Provincia, el 42% del volumen total de préstamos se encuentra en manos de un grupo extremadamente reducido: apenas el 0,3% de las sociedades registradas, que corresponden a las grandes corporaciones. El 58% restante del financiamiento debe repartirse entre el 99,7% de las empresas activas en el país.

Esta asimetría se traduce directamente en los niveles de mora. Las grandes compañías mantienen un índice de irregularidad de apenas el 0,9%. Su capacidad para gestionar la liquidez, sumada a un abanico más amplio de alternativas para fondearse, les permite surfear la coyuntura con mayor holgura.

En el extremo opuesto, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) registran una morosidad del 4 por ciento. Para este segmento, el crédito no es una opción de inversión, sino una herramienta de supervivencia diaria para cubrir necesidades operativas. Los elevados costos financieros y la falta de fluidez en las ventas han empujado a muchas de estas unidades productivas a incumplir sus compromisos bancarios. Como advierten los analistas, los números generales suelen “suavizar” la realidad, ocultando que la mayoría del entramado productivo enfrenta hoy condiciones financieras críticas.

Al analizar la morosidad por rubros, se encuentran resultados muy diversos. El sector de la construcción encabeza la lista de los más afectados, golpeado por la paralización de proyectos de infraestructura y el incremento sostenido en los costos de los materiales.

Le sigue de cerca el comercio minorista. Con un consumo interno que no termina de despegar, muchos comercios han visto resentida su cadena de pagos, priorizando el pago de salarios y proveedores críticos por sobre el cumplimiento de las cuotas bancarias.

En contraste, los sectores vinculados a la exportación, como el agro y la energía, presentan indicadores mucho más saludables, actuando como el principal contrapeso que evita un colapso mayor en las estadísticas globales de mora corporativa.

La consultora LCG destaca que la irregularidad en la cartera comercial venía incrementándose de forma paulatina durante casi un año y medio, pero ese proceso se aceleró drásticamente en la segunda mitad de 2025. En diciembre de ese año, la mora alcanzó el 2,5%, más que duplicando el nivel que se observaba en mayo (1%).

Esta dinámica se explica, en parte, por la ausencia de un motor claro de expansión económica. Sin un crecimiento de la actividad que traccione la demanda, las empresas ven limitada su capacidad de generación de caja. “Ya son varias las empresas que muestran dificultades de repago, lo que atentará también contra el dinamismo de ese segmento crediticio”, señala el último informe de la consultora. Ante el riesgo de impago, los bancos tienden a endurecer las condiciones, generando un círculo vicioso de menor crédito y mayor dificultad para las empresas existentes.

La situación no ha pasado inadvertida para las agencias internacionales. Moody’s emitió recientemente una advertencia sobre el deterioro de la calidad de los activos en el sistema financiero local. Según la calificadora de riesgo, la mora bancaria está siendo impulsada por la persistente inflación y la caída de los ingresos reales, factores que erosionan la capacidad de pago tanto de empresas como de individuos.

Moody’s advierte que, aunque los bancos argentinos mantienen niveles de solvencia razonables, el incremento de los préstamos en situación irregular podría extenderse durante gran parte de 2026 si no se estabilizan las variables macroeconómicas. La agencia pone el foco en la exposición de las entidades financieras a sectores muy sensibles al ciclo económico, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema ante una mora que ya dejó de ser un problema marginal.

Aunque la situación financiera de muchas empresas es preocupante, la situación de las familias argentinas es igualmente compleja. Un reporte del Banco Provincia revela una “radiografía” preocupante: más de 20,5 millones de personas en el país —es decir, uno de cada dos adultos— tienen algún tipo de deuda, lo que representa un crecimiento del 8% en el último año.

La morosidad total del sistema para las familias se ubica en el 13%, pero el dato esconde una brecha abismal según la entidad acreedora. En los bancos tradicionales, la irregularidad es del 9,3%, mientras que en las entidades no financieras —como fintech, billeteras virtuales y tarjetas de supermercados— la mora trepa al 24,6 por ciento.

Especialmente alarmante es el crecimiento del 29% en el número de personas que están “doblemente endeudadas”, es decir, que mantienen obligaciones impagas tanto con bancos como con financieras extrabancarias. Durante los últimos dos años, el crédito funcionó para muchos hogares como un ingreso complementario para sostener el consumo básico. Sin embargo, ese esquema parece haber encontrado un límite.

Los analistas coinciden en que cualquier recuperación futura del salario no se volcará de inmediato al consumo, sino que deberá destinarse primero a cancelar deudas acumuladas, lo que postergaría el repunte de la demanda interna.