El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó este miércoles un pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, para tener una autorización de salida del país amplia y genérica por un plazo de 60 días.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado no aceptó el pedido de la defensa de Tapia por la falta de precisiones sobre los viajes y por el antecedente de un pedido para viajar a Venezuela que tenía un objetivo distinto al que se había informado: traer el país a Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en ese país.
Con esa decisión, Tapia deberá pedir autorización para salir del país ante cada viaje. Sobre el presidente de la AFA pesa una prohibición de salida en la causa en la que está imputado -junto a otros dirigentes de la entidad, entre ellos el tesorero, Pablo Toviggino– por la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales y en la que ya fue indagado. Ahora se espera que el resuelva si los procesa.
Por esa prohibición, la defensa de Tapia, a cargo del abogado Luis Charró, pidió que tenga una autorización abierta por 60 días para viajar, en ese plazo, cuando quiera y siempre informando los destinos, los lugares de alojamiento y el regreso. El presidente de la AFA planteó que por ese rol tiene muchos viajes al exterior que requieren confirmación con antelación y que el trámite judicial suele ser engorroso. Además alegó que tiene arraigo institucional, familiar y laboral en el país.
Tapia ya fue autorizado a viajar a Brasil y a Colombia y la semana pasada a Paraguay, todos por eventos de la CONMEBOL, de la que es vicepresidente. En tanto, el juez Amarante le rechazó un viaje a Venezuela. La defensa también puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara en lo Penal Económico.
«Si bien recientemente este tribunal ha concedido autorizaciones para salir del territorio nacional al nombrado, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores», dijo el juez Amarante sobre el nuevo pedido de Tapia.
El magistrado hizo referencia puntual a que Tapia pidió autorización para ir de Brasil -a donde había sido avalado por la justicia- a Venezuela, lo que le fue rechazado. Amarante habló de «la falta de sujeción estricta a las condiciones impuestas en el pasado configura un indicio de riesgo procesal».
Es porque Tapia había dicho que iba a ir a Venezuela para la inauguración de un centro de alto rendimiento deportivo pero en rigor el viaje «habría tenido por objetivo principal uno bien diferente». La referencia es a que otros dirigentes de la AFA trajeron al país a Gallo.
«Cabe precisar que la concesión de un permiso de carácter genérico implicaría en los hechos una limitación a la facultad de este Tribunal para evaluar la razonabilidad de cada desplazamiento en función de las vicisitudes del proceso», explicó el juez.
Sobre el arraigo laboral de Tapia en el país, el juez dijo que en la causa el presidente de la AFA informó que por ese rol viajó más de 100 días fuera del país en 2024 y en 2025. «Por lo que de allí no se extrae la conclusión pretendida por la defensa del encausado en torno al arraigo laboral invocado», sostuvo.
Y agregó: «Y todo ello sin mencionar, ciertamente, lo inusual que resulta conocer sobre la situación de quien reviste un cargo público por el que percibe -según él mismo expresara en su declaración indagatoria- aproximadamente $ 19.000.000 por mes, y que paralelamente haga saber que más de un tercio de su tiempo lo pasa en el exterior del país, atendiendo compromisos vinculado a otras actividades«.Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol
Por otra parte, el magistrado también reseñó inconsistencias en el pedido de Tapia. Por ejemplo, la defensa citó como ejemplo que la defensa mandó una invitación del 7 de enero para viajar a la «Finalissima» que se iba a jugar entre Argentina y España. «Resulta de público y notorio conocimiento que dicho encuentro ha sido suspendido con anterioridad a la presentación en examen», sostuvo el juez.
«En definitiva, la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente», concluyó Amarante para rechazar el pedido.
La prohibición de salida de país pesa sobre Tapia y el resto de los acusados por la gravedad de la maniobra que investiga la justicia. Esa medida fue apelada y se espera una definición de la Cámara en lo Penal Económico./Clarín
