Finalmente la Justicia Federal archivó la investigación sobre el retiro masivo de fondos públicos mediante cheques al portador en diversos municipios tucumanos.
La causa se había originado a fines de 2024 tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), basada en reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre extracciones en efectivo realizadas entre enero de 2023 y junio de 2024.
Esta resolución judicial cierra un proceso que estuvo marcado por un difusión de supuestos hechos de corrupción o irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de intendentes tucumanos.
En ese momento se sostuvo la hipótesis de que el volumen de retiros, que aumentó antes de los comicios, tenía como fin el financiamiento de la campaña electoral de 2023.
Sin embargo, la investigación profunda del fiscal Rafael Vehils Ruiz concluyó que las maniobras denunciadas no constituyeron delito. El dictamen fiscal determinó que las operaciones fueron autorizadas por el Banco Macro, resultaron ser públicas y trazables, y se ajustaron a las prácticas operativas habituales. Además, los municipios involucrados —Banda del Río Salí ($17.200 millones), Famaillá ($11.400 millones), Alberdi ($6.000 millones), Lules ($4.200 millones) y Monteros ($3.900 millones)— acreditaron que los fondos se utilizaron dentro del circuito administrativo estatal con respaldo documental.
Cabe resaltar que las rendiciones de cuentas fueron aprobadas por los Consejos Deliberantes de los municipios sospechados. Incluso en Banda del Río Salí la aprobación contó con el voto de la concejal Ana Cristina Boloña, esposa del diputado nacional por Tucumán Gerardo Huesen, quien pertenece a LLA.
Finalmente el fiscal mencionó una «cierta displicencia» administrativa, aclaró que tales manejos pertenecen al ámbito contable y no alcanzan la entidad de una conducta penal. Solo desprolijidades según el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
