Un polémico proyecto de Juntos por el Cambio (JxC) busca que los presos no puedan votar. Entre otras cosas, plantea derogar la Ley N°25.858 -sancionada en diciembre de 2003 y reglamentada en 206 por el ex presidente Néstor Kirchner– porque “es un mero recurso para la obtención de votos por parte del poder ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado del oficialismo”.
La controversial iniciativa fue presentada por el diputado nacional Alberto Asseff y cuenta con las firmas de otros diez legisladores del mismo espacio, Gerado Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, Maru Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.
Los detenidos argentinos que estaban procesados con prisión preventiva votaron por primera vez en las elecciones del año 2007, cuando finalmente fue derogado el artículo 3 inciso D del Código Electoral Nacional. En febrero de este año, además, la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo emitido por la Cámara Nacional Electoral en 2016, en el cual se garantiza el derecho al voto para aquellas personas que se encuentren condenadas en causas penales.
Para Juntos, «el procedimiento para el sufragio para personas privadas de la libertad implica una erogación económica que obviamente debe ser afrontado por las arcas del Estado» y propone que el dinero «podría destinarse a calidad y mejoras de la situación carcelaria de los mismos internos a los que el oficialismo intenta ‘beneficiar’ con el otorgamiento del sufragio».
Sobre este punto argumentaron que «para llevar a cabo las elecciones en ámbitos carcelarios se requiere de una organización e infraestructura especial» que implica «reforzar la seguridad».
«Bien sabido es -dice el proyecto al que tuvo acceso PERFIL-, que en oportunidad de llevarse a cabo los comicios, el personal de las fuerzas debe abocarse enteramente a los actos eleccionarios. Por cuanto celebrar elecciones en penales, instituciones tales como comisarías o delegaciones (pues allí también puede haber personas con prisión preventiva) implica un riesgo grave a la seguridad».
Aunque no existen antecedentes de fuga o motines, los diputados plantean que la votación en centros de detención significa un «riesgo para la sociedad, el personal y los propios internos, pues el escenario se encontraría apto para que se lleven adelante motines o fugas».
Además, señalaron que «la privación de la libertad de una persona indefectiblemente lo pone en una situación en la cual ciertos derechos y obligaciones no pueden ser ejercidas». «Resulta harto contradictorio obligarlos a llevar a cabo una imposición cívica tal como el voto, habida cuenta además, que la persona detenida mal puede lograr un estado mental en el cual le permita el discernimiento tal que lo lleve a elegir correcta y conscientemente a sus representantes, por cuanto dicha persona se encuentra mentalmente enfocada en su entorno carcelario y en lograr su libertad», indicaron.
