La reunión del Consejo del Salario pasó del 18 al 22 de agosto y se hará en momentos en que la CGT advierte de un posible cierre del año con inflación en torno del 90%.
La postergación se debió a un viaje al exterior del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. No obstante tanto en el Gobierno como en la central obrera admitieron que el vínculo entre ambas partes se enrareció en los últimos días en sintonía con el arribo a Economía de Sergio Massa, con quien los sindicalistas esperaban un diálogo más fluido, y que el cambio de fecha apuntaba a un inicio apacible de las deliberaciones.
El Consejo deberá resolver un aumento adicional en el piso de ingresos del sector formal, que desde este mes es de $47.850. La última suba acordada entre representantes patronales y de las centrales obreras fue de 45%, en marzo pasado, y para este mes estaba prevista una revisión que acomodase un número hasta fin de año en función de la evolución inflacionaria. Anoche en la cúpula de la CGT dijeron que irán al debate con el mismo guarismo que brindaron las consultoras relevadas por el Banco Central para sus previsiones inflacionarias, y que estimaron hasta fin de año un 90% de incremento en la canasta básica de bienes y servicios.
Nuevo piso
Si ese pronóstico termina volcado al resultado del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el nuevo piso de ingresos debería subir en los próximos meses hasta $62.700, siempre y cuando la base de cálculo fuesen los $33 mil acordados en la deliberación del año pasado. El mayor impacto del mínimo es sobre el valor de los planes asistenciales. El denominado “salario social complementario” equivale a la mitad del piso para trabajadores formales que define el Consejo, es decir $23.925 desde este mes.
Un hito clave previo al debate del 22 de agosto se dará mañana una vez concretado el encuentro prometido por Massa con participación de sindicalistas y empresarios. En esa instancia el ministro de Economía anunció que sondeará mecanismos para promover una mejora de los ingresos cuyo uno de sus vectores será, añadió, la extensión de las asignaciones familiares. Respecto del primer punto hay disidencias dentro de la CGT: los sectores más tradicionales (los “gordos” y los “independientes” de los sindicatos con más afiliados) rechazan un aumento universal en suma fija o por un bono y reivindican el mecanismo de las paritarias, en tanto que el espacio de Hugo y Pablo Moyano alienta esos instrumentos para poner a salvo el poder adquisitivo de los ingresos más bajos.
Mientras que el planteo acerca de las asignaciones familiares pareció una concesión a Pablo Moyano y sus gremios aliados. El número dos de Camioneros y cosecretario general de la CGT había encabezado una campaña para que el salario familiar, que en la actualidad perciben 2,5 millones de trabajadores sobre un universo de 6 millones, alcanzara a todos los empleados en relación de dependencia. La asignación familiar por hijo, que paga la ANSES, tiene un valor general de $7.332 y su cuantía se reduce en función del ingreso consolidado de la familia hasta desaparecer una vez superada la barrera salarial de $316.731 por parte de los progenitores.
