El Gobierno tiene claro que la inflación es un gran problema y que es fundamental seguir desacelerándola sin que ello impacte en el empleo, de forma gradual y preservando a los sectores más vulnerables. En esta línea, el proyecto de ley de Presupuesto 2023, que obtuvo dictamen en comisión en Diputados, plantea un 60% de inflación para 2023, 44% para el 2024 y 33% para el 2025.
El último dato del IPC de septiembre (+6,2%) mostró una merma respecto de los valores previos y en ello mucho influyó la reducción de expectativas producto de las medidas que se implementaron para incrementar las reservas y afrontar las especulaciones acerca de una posible devaluación.
Para morigerar los impactos inflacionarios, el ministro de Economía, Sergio Massa, informó días atrás que el Gobierno implementará un bono destinado a aquellas personas adultas cuyos ingresos no les alcancen para alimentarse, y que no estén recibiendo ni la Asignación Universal por Hijo, ni un plan social, ni ninguna otra transferencia del Estado. Es el segmento donde existen las mayores urgencias. Se estima que abarcaría a unos 2,1 millones de personas y los fondos provendrán de parte de lo recaudado por retenciones del Programa de Incremento Exportador.
También se anunció el aumento del piso para el pago del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría (empleados/as en relación de dependencia) a $330.000 brutos mensuales “para garantizar que los trabajadores no pierdan en el Impuesto a las Ganancias lo que ganan en horas extras y en la paritaria”, según señaló Massa durante la presentación de la reforma. El ministro agregó que tendrá una escala descendente hasta los $431.000, para que no pase que aquel que gana $330.000 no pague Impuesto a las Ganancias y el que gana $331.000 pague la tasa plena. Esto permitirá que 380.000 trabajadores/as y jubiladas/os no se vean alcanzados por este impuesto a partir de noviembre.
A su vez, se implementará un “Ahora 30” para comprar televisores, heladeras, lavarropas, aires acondicionados y celulares a una tasa del 48%, muy por debajo de las que prevalecen en el sistema financiero. Para el caso de los jubilados y jubiladas, habrá un esquema de 42 cuotas.
Para que las políticas tengan efectos positivos es fundamental que las grandes compañías no se terminen apropiando -remarcando sus precios- de los nuevos recursos que llegan a las personas.
El gobierno está negociando para cerrar un acuerdo de Precios Justos por un período de, como mínimo, 90 días, que comprendería a las más grandes compañías que producen el 65% de los productos de consumo masivo. Según afirmó Matías Tombolini, secretario de Comercio, “la velocidad de acumulación de las empresas, en términos de sus ganancias, ha ido muy por encima de la evolución de los salarios. Es esa ganancia diferencial la que permite también generar las condiciones para aspirar a este programa”.
En el caso particular de la industria de alimentos, las empresas han sido grandes ganadoras durante estos años, mostrando una suba de precios que estuvo bastante por encima del promedio general. Sin embargo, el uso de la capacidad instalada en este segmento se encontraba en el 67,4% en agosto. Quiere decir que no hay “restricciones de oferta” para que incrementen los volúmenes de producción y obtener mayores ganancias por esta vía.
La economía ha registrado un proceso de crecimiento importante en 2021, que se mantiene en el 2022. Hubo un aumento de la producción, del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Pero en este proceso algunos sectores se apropiaron de una parte más grande de esa mayor producción, incrementaron sus ganancias y, por la vía de los mayores precios, no dejaron que el vaso derrame en el conjunto de la sociedad.
Lo relatado no es más ni menos que la puja distributiva. Sucede en todo el mundo, y ha sido puesta en evidencia en la actualidad por las enormes ganancias de las empresas energéticas. En nuestro país es una situación de larga data, y que requiere de todo un arsenal de políticas para tratar que esa puja se oriente a beneficiar a los más necesitados./Carlos Heller
