En tribunales penales tomó impulso una de las denuncias por presuntas irregularidades en las entregas de viviendas sociales en Tucumán, en los últimos 10 años.
La Fiscalía de Instrucción de Delitos Complejos de la capital, a cargo de Mariano Fernández, envió en marzo un oficio para solicitar al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu) informes sobre la entrega de unidades construidas bajo el marco legal de los programas Federal de Villas y Asentamientos Precarios y obras de infraestructura, nexos, y obras complementarias; y del Programa Federal Techo Digno.
El oficio del Ministerio Público Fiscal (MPF) dio impulso a una causa que data de 2019 por probable malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, aunque no se descarta que en la investigación se pueda advertir acciones de este organismo y otras áreas del Gobierno para direccionar o beneficiar a determinadas personas en la entrega de casas dentro de las 2.500 unidades del complejo habitacional “Manantial Sur”, en la zona suroeste del Gran San Miguel de Tucumán.
El ente gubernamental, a cargo de Nora Belloni en la actualidad, respondió la comunicación judicial y se espera que la unidad fiscal comience a evaluar la consistencia de los datos recibidos, tanto las pruebas presentadas en la denuncia como la respuesta del Ipvydu, para poder determinar cómo se había desarrollado la distribución de las viviendas de “Manantial Sur” durante la gestión de la entonces interventora Noemí Ferrioli -figura como denunciada-.
Esta última funcionaria había reemplazado a Gustavo Durán, a cargo de esa repartición durante 15 años de manera ininterrumpida (gestiones de José Alperovich y Juan Manzur).
En esta etapa, el fiscal definirá si corresponde o no avanzar en la causa penal. En la denuncia también figuran como posibles responsables el mismo Manzur y otros sectores del Poder Ejecutivo (PE).
El caso, según se informa, se originó en una denuncia de la entonces senadora nacional, Silvia Elías de Pérez, y su equipo de asesores, a fines de 2019.
De acuerdo a la presentación, que forma parte del expediente, el programa “Federal de Villas y Asentamientos Precarios” estaba dirigido a “atender el déficit y la demanda de vivienda de la población asentada en villas y asentamientos precarios con carencia de infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regularización dominial”.
El plan nacional tenía tres líneas de acción: la construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de unidades y mejoramiento del hábitat urbano, obras de infraestructura y complementarias. En todos los aspectos estaba dirigido a la población más vulnerable, la que se encontraba sin los servicios básicos y en riesgo ambiental, agregó.
De acuerdo a los denunciantes, la entonces intervención del Ipvydu habría adjudicado viviendas de ese emprendimiento, sin competencia para hacerlo, “a distintos funcionarios del Gobierno y a personas particulares que no encuadraban en el objetivo del programa, como también a sindicatos afines a la Casa de Gobierno”.
Es más, hicieron hincapié en que más del 90% de las casas concedidas habría sido a personas que no vivían en asentamientos o villas, violando así las pautas del proyecto inicial.
En sus observaciones señalaron que, de un total de 1.161 unidades habitacionales correspondientes a dos (IyII) de los cuatro sectores (sumando III y IV), “1.052 viviendas estaban contempladas en las firmas de los convenios con 22 organismos gubernamentales y entidades sin fines de lucro, pero que en realidad eran organizaciones sindicales, conforme a un informe enviado por el Ipvydu -con fecha del 30 de agosto de 2019- a la Secretaria de Vivienda de la Nación”.
A la vez, los denunciantes indicaron que la Nación había transferido a la provincia fondos $ 495,14 millones para la construcción de las casas de los sectores I, II, III y IV.
También que la administración de Manzur había destinado alrededor de $ 269,9 millones a empresas constructoras para finalizar las unidades de los sectores III y IV, finalizadas y abandonadas durante ese período.
En junio de 2020, la Intervención del Ipvydu respondió a las consultas de fiscal Especializada en Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, sobre el estado de situación del programa de “Villas y Asentamientos Precarios” y cómo se llevaron adelante los procesos de selección y designación de las casas.
En ese momento, informó que los proyectos federales contemplaban la construcción de un total de 2.746 unidades habitacionales.
El organismo consignó que el Departamento de Promoción Social había efectuado una “relocalización” de barrios de emergencia en 246 unidades. Eran familias que estaban ubicadas en una manzana, entre la avenida Ernesto Padilla y las calles San Lorenzo, Crisóstomo Álvarez y Juan B. Terán, conocida como Villa Piolín o Ángela Riera. Además, indicó que habían sido reubicados grupos de los vecindarios Juan XXIII (“La Bombilla”) y “El Triangulito”, todos de la capital.
También informó la vigencia de un Decreto de Necesidad y Urgencia (2/3) de marzo de 2015 que establecía la reasignación en ese complejo habitacional de afectados por fenómenos climáticos, y que el programa de construcción de viviendas “Techo Propio” era desatinado a familias que no eran propietarias ni habían sido beneficiarias de algún otro plan que se desarrollara con fondos públicos.
Respecto del mecanismo de designación, el Instituto reconoció la existencia de convenios con el Gobierno, con el Ministerio de Seguridad y la Policía, y otros organismos, como la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, que establecían el marco legal para la adjudicación. A la vez, hizo referencia a acuerdos con gremios de estatales, docentes y de la sanidad, entre ellos, ATEP, APEM, ATSA, UPCN, para disponer cupos de viviendas.
En la respuesta se hizo hincapié en que, dentro del Plan 2.500 viviendas, 1.055 unidades habían sido entregadas durante la gestión de Durán y 106 en la administración de Ferrioli, entre octubre y diciembre de 2018 y enero de 2019.
Silvia Elías de Pérez y su equipo denunciaron posibles maniobras en el Instituto Provincial de la Vivienda un año antes de que otra investigación penal se cerrara para dar lugar a un juicio oral por irregularidades en el Ipvydu.
Cinco personas, entre ellas, dos exfuncionarios, fueron acusados de haber conformado una aparente asociación ilícita para beneficiar a empresas afines en los procesos de licitación de obras, tanto de mejoramiento como de construcciones de viviendas.
El caso “Viviendas”, como se lo conoció, salió a la luz en 2017 a partir de una investigación periodística. Se mostraba en aquel tiempo una serie de maniobras en el Instituto Provincial de la Vivienda, y vínculos entre funcionarios del organismo y empresarios de la construcción, contratos poco claros, números que no cerraban y gestores truchos con presuntos vínculos con el organismo, entre otras irregularidades.
La Justicia señaló que José Lucas Barrionuevo, que ocupaba el cargo de Coordinador de los Programas Federales del organismo, se habría beneficiado otorgándose licitación de obras mediante la empresa Marán, que estaba a nombre de sus sobrinos Sebastián Alejandro Nieva y Darío Martín Nieva.
También imputó a Jorge Horacio Tapia, inspector de obras del organismo, ya que podría haber realizado operaciones para favorecer a esa asociación ilícita.
Además, en la acusación se incluyó Néstor Miguel Jiménez Augier por enriquecimiento ilícito: habría recibido dinero para Barrionuevo. Por su fallecimiento, no se investigó a Gustavo Durán, ex interventor del Ipvdu.
Se trató así de uno de los escándalos que expuso una maquinaria aceitada dentro de la estructura de un sector del Gobierno provincial. /Los Primeros
