Carlo Nordio, ministro italiano de Justicia, firmó una orden de extradición de Franco Reverberi para que sea juzgado en Argentina en una causa por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. La noticia fue confirmada por Arturo Salerni, abogado representante de las víctimas italianas. El sacerdote de 85 años está acusado de complicidad con los militares en esa etapa del país.
Reverberi, excapellán militar en Mendoza, es buscando por la justicia argentina desde 2012, luego de haber huido de Argentina a Italia e instalarse cerca de Parma. Interpol también había emitido una orden de arresto contra él. Tras dos rechazos sucesivos, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia hizo lugar en julio al pedido de Argentina determinar su responsabilidad en una causa que investiga secuestros y torturas contra diez personas y un homicidio.
El gobierno italiano ya le comunicó al Estado argentino que inició el proceso para su traslado y puso al sacerdote buscado a disposición de la justicia argentina.
Reverberi es investigado por hechos cometidos en 1976 en el centro clandestino de detención conocido como «La Departamental», que funcionó en la sede de los tribunales de San Rafael, en la provincia de Mendoza, según consta en la causa. Allí se torturó a prisioneros políticos, sesiones a las que asistía el sacerdote, a veces vestido con sotana, otras con vestimenta de fajina militar munido de una Biblia y armado, según relataron sobrevivientes al tribunal.El 9 de diciembre de 1985 se leyó el veredicto del Juicio a las Juntas Militares.
El sacerdote había huido hacia Italia durante el 2011 cuando se le inició el juicio en Mendoza en el que la fiscalía había pedido que se lo citara a indagatoria para determinar su responsabilidad.
Ubicado ya en Italia, Reverberi se excusó aduciendo que, por problemas de salud, era imposible presentarse en Argentina. Sin embargo, pericias médicas posteriores rebatieron dicho argumento.
Un año después, en el 2012, la justicia argentina lo declaró en rebeldía y comenzó el pedido de extradición que fue rechazado en primera instancia porque la acusación solo incluía denuncias de torturas, delito que no es imprescriptible en Italia. Pero, nuevos testimonios reunidos en la causa de Mendoza permitieron ampliar la acusación.
El pasado 10 de julio, un tribunal de apelaciones de Bolonia concedió la solicitud de Argentina luego de que la Corte Suprema de Casación le ordenara expedirse con un nuevo fallo teniendo en cuenta nuevas pruebas. Ese fallo se produjo después de que el informe de un experto descubriera que la condición médica de Reverberi no le impedía viajar.
«Como parte de este proceso el Estado argentino impulsó la modificación de la jurisprudencia de la Justicia italiana, que sólo consideraba imprescriptibles los delitos de homicidio, para incluir también las torturas como crímenes de lesa humanidad», subrayó la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.
Treinta y cinco personas están acusadas en San Rafael de crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como “Casa Departamento” durante ese lapso de tiempo. La represión funcionaba a partir de la actividad represiva ilegal en el Octavo Batallón de Infantería de Montaña de San Rafael, del cual el sacerdote italiano era capellán.
Se estima que este antecedente tendrá impacto en otros casos similares, como el del exmilitar argentino Carlos Malatto, quien reside en Italia y es requerido por la justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de un centenar de personas en San Juan, según la misma Secretaría de Derechos Humanos.
Más de 1.000 personas han sido juzgadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad desde que se reanudaron los juicios a mediados del 2000, luego de más de una década de leyes de amnistía y otras medidas controvertidas.