Luego de que el Gobierno celebrara el superávit fiscal de enero como un éxito del «plan motosierra» un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que las cuentas de febrero volvieron a cerrar con déficit financiero superior a los $180.000 millones pese a la fuerte caída de jubilaciones y subsidios, lo que pone un signo de interrogación en la relación del presidente Javier Milei con el ministro de Economía, Luis Caputo.
El último análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional que elabora este departamento técnico del Congreso todos los meses confirmó un temor que ya circulaba en el Gobierno y también en el mercado, luego de que Milei felicitara públicamente a «Toto» Caputo por el superávit de enero.
Según el informe de la OPC, en febrero el resultado primario (que no tiene en cuenta el pago de intereses de deuda) arrojó un superávit de $929.154 millones de pesos, pero al sumar los servicios de deuda el resultado financiero fue deficitario en $186.635 millones. Esto se debió principalmente a que el pago de intereses ascendió a $2.461.729 millones, un 34,2% más que en febrero de 2023.
Como premio consuelo, Milei y Caputo podrían celebrar que ese déficit fue 93,5% menor al del mismo mes de 2023. Sin embargo, los números positivos que arrojó el estudio de la OPC tampoco le ofrecen al Gobierno demasiadas razones para festejar. Y es que incluso el superávit primario de casi $930.000 millones representa una caída de 160% con respecto a febrero del año pasado.
Los números de febrero son una señal de alerta para Caputo porque el déficit financiero, que incluye gastos contra ingresos más intereses de deuda, podría ser aún peor si el Gobierno empezara a cumplir con los pagos y obligaciones que le reclaman las provincias y especialmente el sector energético, donde se ejecutó mayor medida el «plan motosierra».
Esos recortes, sumados al ajuste en el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales, son los que le permitieron al Gobierno mantener el superávit primario en febrero, según se desprende del informe de la OPC que muestra que los gastos totales de la Administración Nacional cayeron un 32,8% respecto de febrero de 2023.
La caída en jubilaciones y pensiones fue de 33,9%; en el Plan Potenciar Trabajo fue 46,1% y en Políticas Alimentarias fue 11,2%, en comparación con febrero de 2023, mientras que en lo que va de 2024 el recorte interanual fue de 33%, 68,4% y 4%, respectivamente.
Pero el ajuste fue todavía más fuerte en las transferencias a las provincias, eje del conflicto y de la nueva negociación entre el gobierno de Milei y los gobernadores, que cayeron en febrero un 89,8% y un 73% en el primer bimestre respecto del año pasado, mientras que en los subsidios económicos a la energía y el transporte el recorte fue de 62% en febrero y 54,2% en lo que va de 2024.
Más allá del llamado «gasto social», cuya influencia en el frágil superávit primario es conocida, el «talón de Aquiles» del plan de Caputo por estos días se encuentra precisamente en el recorte de los pagos correspondientes al sector energético.
Los subsidios a la energía en febrero fueron de $319.984 millones pero esta suma implica un recorte de 61% con respecto del mismo mes de 2023. En ese contexto, las cámaras que representan a las transportadoras y generadoras de energía de todo el país le hicieron llegar al ministro una carta donde advierten que «hay serio riesgo del normal abastecimiento de electricidad».
El aviso al Gobierno se dio pocas horas después de que la principal transportadora de energía, Transener, pusiera en duda el depósito de los sueldos de marzo debido a la demora en el pago de los servicios prestados por parte de los distribuidores y en medio del fuerte recorte de subsidios que exhibe el informe de la OPC.
Además de la licuación de las jubilaciones y los recortes en las transferencias a las provincias y también a las universidades (38,1% en febrero), la solución al reclamo del sector de la energía es lo que genera las dudas más serias en el mercado y también en el FMI, principal acreedor de la Argentina, en torno a la capacidad de Caputo para sostener el superávit primario.
Pero sobre todo, la situación en esa área pone por estos días en riesgo el objetivo de alcanzar el «déficit cero» que Milei le encargó al ministro y que celebró ante el primer avance que había visto en enero pasado, con el superávit financiero de $518.408 millones logrado principalmente por el incremento de la recaudación del impuesto PAIS.
En los últimos días, mientras los primeros informes de consultoras privadas advertían que el superávit financiero de enero no iba a poder sostenerse en febrero, corrieron versiones sobre el presunto malestar del Presidente con estos últimos resultados de su ministro. Según supo iProfesional de fuentes oficialistas, en el Gobierno lo niegan terminantemente.
Se trata de una reacción lógica. A poco de poner a funcionar el ajuste y con un logro en el primer mes de la gestión Milei, lo último que necesita el Gobierno son versiones sobre cortocircuitos entre el jefe de Estado y el ministro encargado de ejecutar su plan.
No obstante, el superávit financiero de enero había sido muy celebrado por Milei en la red social X, su ámbito de comunicación favorito. «Vamos Toto», había escrito el Presidente al tiempo que ratificó que «el déficit cero no se negocia».
Caputo se había sumado a ese festejo al destacar que no había «antecedente mundial de una reducción de cinco puntos de déficit en un mes» y que ese superávit mostraba «el compromiso del Presidente». En efecto, el resultado había sido una buena noticia para el mercado financiero y los bonistas.
Ahora, los números de febrero volvieron a ubicar la palabra «déficit» en el radar del Gobierno y esto obliga a Javier Milei a evaluar junto a Luis Caputo como remontar la situación de cara a marzo para poder mostrar una senda de reducción sostenida en el tiempo, mientras el FMI les pide cuidar el poder adquisitivo de jubilaciones y planes sociales y el sector energético les envía la advertencia más dura.
