Finalmente y antes de lo esperado la Justicia Federal aceptó el planteo de la provincia de Tucumán en contra de Hidroeléctrica Tucumán SA.
La empresa es la concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi. Le debe a la provincia la reparación parcial de la presa lateral N° 3. Por lo que la Justicia Federal accedió a trabarle un embargo por $ 936,6 millones. Dicho embargo alcanza a “bienes muebles o inmuebles registrables” de los que sea titular la compañía.
A la medida la dispuso el juez federal José Manuel Díaz Vélez. La demanda había sido iniciada por la Fiscalía de Estado, que conducen Gilda Pedicone de Vlas y Raúl Ferrazzano.
En la demanda, el Poder Ejecutivo recordó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. El artículo 4º del DNU expresa: ‘El Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”, dice el texto.
El juez federal Díaz Vélez consideró en un análisis preliminar encontró razonable el planteo de la Provincia. “En relación a la seguridad de las presas surge el deber de la concesionaria de mantener la seguridad de esas estructuras y de realizar las obras necesarias para recuperar la obra dañada, deteriorada o peligrosa con el objeto de restituir su seguridad y operatividad”, afirmó el magistrado.
Diaz Vélez dijo que la medida cautelar dictada implica inmovilizar importes dinerarios durante todo el tiempo que insuma la tramitación del proceso, lo que incluye fondos que le aporte Cammessa y sobre las cuentas bancarias de la concesionaria.
