El jueves, el Gobierno volverá a sentarse con los gobernadores «dialoguistas» y usará la restitución del impuesto a las Ganancias como moneda de intercambio de la «Ley Bases…». Pero se esconde, en caso de aprobarse, una actualización que elevará el monto a partir del cual se paga.
En las últimas horas, uno de los interlocutores del encuentro de los próximos días, el ministro del Interior Guillermo Francos afirmó que las intenciones son que empiecen a tributarlo los sueldos desde «$1.200.000 para arriba«.
Una cifra similar a la que se conoció con el último borrador que trascendió a mediados de marzo. El cual, según los cálculos del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, con el retorno al esquema tradicional, pretendía que lo abonen los trabajadores solteros a partir de $1.053.292,94 (Mínimo No Imponible (MNI) y la deducción especial por empleado (x 3,8)); y un casado/a con dos hijos/as cargo, desde $1.393.352,94 (MNI, cónyuge, hijos, especial por empleado).
Pero en medio de las negociaciones, con actores vulnerables por el estado de las finanzas provinciales y otros reacios a la propuesta que insisten con la coparticipación de impuestos -PAIS o al cheque-, se oculta un dato: el ajuste por la inflación.
«Hay que tener en cuenta que el proyecto establece actualización trimestral. En caso de aprobarse, para abril debería regir ya el aumento por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que va a ser cerca de un 50% dependiendo de lo que dé en marzo», afirmó el CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, César Litvin.
En el último borrador, por medio del artículo 89, el Gobierno pretendía que tanto el Mínimo No Imponible (MNI) como las deducciones personales y familiares (cónyuge, hijo/s) se modificaran cada tres meses con base en el indicador del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
«Los montos previstos en este artículo se ajustarán trimestralmente, en enero, abril, julio y octubre de cada año, a partir del mes de abril de año fiscal 2024, inclusive, por la variación anual del IPC», destacaron. Y detallaron: «La actualización correspondiente al mes de abril se efectuará considerando la variación del mencionado índice por el período de enero a marzo».
Así, en caso de aprobarse, siendo parte de las condiciones para la firma del Pacto del 25 de mayo, comenzaría a pagar el impuesto desde una cifra superior a la que declararon funcionarios, lo que sanearía en menor medida las finanzas provinciales.
Las cuales, según las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en marzo sufrieron una caída real de las transferencias automáticas -que incluyen la coparticipación (v.i.r -26%)- del 28%, que se suman al -15,4% del primer bimestre del año.
Pese a ello, el contador Mario Goldman Rota alertó que el monto con el cual negocia el Gobierno debería aumentarse. «Deberían actualizarse los valores con base en la capacidad contributiva y la progresividad. Porque si bien se plantea que sea cada tres meses por la inflación, cuando se parte de un valor nominal bajo, nunca se compensa por completo«.
Pero Francos abrió otro interrogante respecto a la retroactividad del impuesto para el último trimestre de 2023 por el decreto que emitió el entonces ministro de Economía, Sergio Massa y que no fueron ratificados en el Congreso -necesario al no contar con esa facultad-.
Una cuestión que parecía estar resuelta en el último borrador por medio del artículo 94. «Ratificase, para las remuneraciones y/o haberes que se devengaron del 1 de octubre de 2023 y hasta aquellas percibidas al 31 de diciembre de 2023, inclusive, el Decreto N.º 415 (…) y el Decreto N.º 473 (…) y las normas dictadas en su consecuencia», estipulaba.
Esta última declaración también va en contra de la reciente jugada que realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Florencia Misrahi de extender el plazo para completar el formulario 572 «SIRADIG Trabajador». Lo que permitió ganar tiempo para evitar que se le produzcan deudas a los contribuyentes.
Pero también generó dudas al no saber contestar respecto a la retroactividad, en caso de aprobarse, de los meses previos de 2024 donde estuvo vigente el piso de 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) (hoy $2.340.000). «No sé. No puedo contestar eso hoy porque no tengo esa información», declaró el ministro en conversación con Radio La Red.
Una situación que ya había sido contemplada. «En el último borrador se había previsto una deducción especial que neutralizaba que las ganancias que no se hubiera retenido al empleado por la vigencia del régimen cedular», destacó Goldman Rota.
«En caso de que sucediera, sería sangriento, dramático para el bolsillo de los trabajadores que van a acumular una deuda», declaró Litvin. Y añadió: «Pero también generaría conflictos judiciales porque hay derechos adquiridos».
Una posición con la que también coindice del CEO de SDC Asesores Tributario, Sebastián Domínguez, quien calificó de positiva la propuesta de establecer una deducción especial al considerar que no es lógico, pese a su legalidad, reclamar el pago en las circunstancias actuales de pérdida del poder adquisitivo.
