El presidente Javier Milei explicó que la razón por la que no aplicó su plan de dolarización de la economía fue que la dirigencia política «en su deshonestidad intelectual hubiera iniciado algún tipo de juicio político» en su contra, y a pesar de que ese escenario hoy no es factible la declaración mostró que el mandatario reconoce un límite muy importante para su principal idea económica y un riesgo que va más allá del Congreso.
Durante una entrevista con la agencia internacional Bloomberg, el Presidente aseguró que tenían «una estrategia para dolarizar que era tomar los activos del Banco Central contra el Gobierno nacional, esos títulos pasarlos a mercado y después hacernos de dólares vendiendo esos títulos» y sostuvo que «hubiera funcionado a la perfección» porque cuando llegó al cargo «los títulos argentinos estaban en 18 dólares y hoy están en torno a los 54».
Tras afirmar que «hubiera sido una gestión muy exitosa», Milei sostuvo que no la llevó a cabo porque «la política» habría dicho «que ahí hubo una estafa» o «un negocio turbio» y lo habría «mandado a la cárcel», a lo que agregó: «En su deshonestidad intelectual hubiera iniciado algún tipo de juicio político y hoy la historia sería distinta».
El juicio político es un procedimiento que solo puede llevar a cabo el Congreso y su resultado, en caso de ser negativo, es la destitución pero no la cárcel. La pena de prisión solo puede determinarla el Poder Judicial. Por lo tanto, el jefe de Estado mezcló dos cosas distintas al explicar por qué no avanzó con la dolarización.
No obstante, con esa confusión Milei dejó ver que el plan con el que hizo campaña tiene más límites políticos que económicos y que se presentan en dos planos: la debilidad que tiene en el Congreso, con la que intenta jugar un sector del kirchnerismo por estos días al agitar precisamente la posibilidad de un juicio político, y la advertencia sobre la posible «inconstitucionalidad» de una dolarización que hizo el año la cabeza del Poder Judicial, Horacio Rosatti
El juicio político se inicia en la Cámara de Diputados, donde una mayoría de dos tercios debe aprobar la acusación, la cual debe contemplar causales como el «incumplimiento de los deberes correspondientes al cargo», la «inhabilidad física o mental», la «negligencia, parcialidad o arbitrariedad» o la «inmoralidad comprobada por hechos concretos», entre otros.
En caso de ser aprobada la acusación, el juicio se lleva a cabo en el Senado donde nuevamente una mayoría de dos tercios de los presentes debe encontrar al funcionario «culpable» de los cargos que se le imputen para proceder a su destitución y si no reúnen ese número se lo considera absuelto.
Dada la fragmentación actual del Congreso y la dinámica política, en la que Milei tiene una alianza tácita con el PRO, una oposición «dura» en el kirchnerismo y la izquierda y una más «dialoguista» en la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros bloques provinciales, con una influencia determinante en casi todos ellos de los gobernadores, el juicio político es casi imposible.
En la Cámara de Diputados se necesitarían 172 de los 257 legisladores que integran el cuerpo y a ese número solo podrían llegar si a Unión por la Patria y al Frente de Izquierda se les sumaran todo el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Pichetto, la bancada de la UCR completa y casi todos los espacios provinciales.
Esto ya marca una imposibilidad de hecho para un juicio político contra Milei. De hecho, durante el gobierno de Alberto Fernández los bloques de Juntos por el Cambio presentaron alrededor de 10 pedidos de juicio político contra el mandatario que nunca pudieron tratarse, así como el kirchnerismo no logró avanzar con el proceso que le inició a los jueces de la Corte.
A esto se le suma que en el Senado, donde se necesitarían 48 votos, si bien el kirchnerismo es primera minoría con 33 necesitaría sumar no solo a los bloques provinciales sino a toda la bancada radical, algo que hoy es a todas luces impracticable.
Esta semana hubo una charla abierta en la que expusieron abogados muy cercanos al kirchnerismo bajo la consigna «¿Corresponde el juicio político al presidente Milei?». Sin sorpresa alguna, todos los presentes coincidieron en que sí, aunque los letrados reconocieron que ese escenario hoy no es posible.
Tras remarcar que el plan es motorizar la salida de Milei por la vía institucional, el abogado Eduardo Barcesat señaló como una de las posibles causales de juicio político el «mega DNU» 70/2023, porque «pretende la suma del poder público y la desprotección del dominio de las tierras, para entregar los recursos a la explotación extranjera».
«Vamos a forzarnos por convencer a esos dos tercios con el apoyo y el calor popular», propuso Barcesat al tiempo que reconoció que ahora esa idea no tiene votos suficientes. También consideró que ese apoyo legislativo podría lograrse «a medida que la movilización popular y el derecho de resistencia ante los actos infames (del Gobierno) se manifieste».
Pese a la debilidad de Milei en el Congreso, las condiciones políticas y los antecedentes más cercanos sugieren que ese escenario de juicio político podría no darse nunca. La curiosidad, a la luz de la reciente declaración del Presidente, fue que entre las posible causales de destitución que se mencionaron en la charla, ningún abogado se refirió al plan de dolarización.
Quien sí se refirió a la dolarización como un posible tema institucionalmente muy conflictivo fue Rosatti durante la campaña electoral de 2023, cuando Milei se montó en la idea de reemplazar el peso por la divisa estadounidense.
Milei ante la Corte y el «sistema político»: ¿confusión y olfato?
Si bien no hizo alusión alguna al mecanismo de juicio político, el presidente de la Corte Suprema recordó que la Constitución Nacional establece que la Argentina tiene una moneda propia y señaló que «si la dolarización elimina el peso, es inconstitucional». En este sentido, afirmó: «¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea».
Milei relacionó por sí solo la dolarización con el juicio político y con la cárcel. La confusión entre ambas cosas no deja de ser llamativa: si hubiera un juicio político contra el primer mandatario, el encargado de presidir el tribunal en el Senado sería precisamente el presidente de la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial que sí tiene la atribución de dictar penas de prisión.
Es la misma Corte a la que el mandatario quiere ahora sumar dos jueces nuevos, de los cuales uno, Manuel García Mansilla, piensa lo opuesto a Rosatti sobre la dolarización.
De hecho, al explicar por qué no aplicó la dolarización como pensaba, Milei no se refirió puntualmente al Congreso sino que habló de «la política» y del «sistema político argentino». Acaso el Presidente mostró que, aún desconociendo los recovecos institucionales como la diferencia entre el juicio político y la pena de cárcel, tiene olfato político para detectar todos los factores que podrían jugarle en contra si avanzara con su plan original.
El interrogante que dejó flotando Javier Milei con sus dichos es si los límites políticos que advierte dejan totalmente cancelado el plan de dolarización (más allá de las idas y vueltas sobre el tema que mostró en su discurso en los últimos meses) o si observa en el horizonte alguna opción de mercado que en el futuro le permita sortear esas trabas.
