La causa que investiga a dirigentes del Polo Obrero por supuesta defraudación millonaria al Estado Nacional entra en una etapa clave: se espera que la próxima semana el juez federal Sebastián Casanello defina si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito para el líder de la organización Eduardo Belliboni.
En el expediente que fue instruido por el fiscal federal Gerardo Pollicita se investiga si parte de los $360 millones que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitado recibieron como unidades de gestión del Potenciar Trabajo se desviaron hacia un conjunto de empresas que hacían facturas truchas o en otros casos enviaban parte del dinero a una imprenta, vinculada a la organización de Belliboni para terminar financiando la campaña del Partido Obrero.
En concreto, el juez Casanello detectó que al menos $40 millones se desviaron a una serie de empresas en la mira. Estas son la imprenta Rumbos; Coxtex; RicoPrint; UrbanGraphics; Carlos Monfrini y Miniso Trade.
La Justicia entiende que no todas las firmas cumplían el mismo rol: cree que Rumbos, Coxtex y Miniso Trade se usaron para hacer facturas truchas, es decir, el Polo Obrero presentaba esos comprobantes ante el exMinisterio de Desarrollo Social para justificar la plata del Potenciar Trabajo, aseguraba haber comprado elementos de trabajo para los beneficiarios que en rigor nunca se adquirieron, y luego le daba otro destino al dinero.
Coxtex, es, además, una empresa catalogada como trucha por la AFIP, es decir, que se creó con el único objetivo de hacer facturas apócrifas. Fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega, que no son más que prestanombres. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta compañía es Juan Bautista Darrasaga, que ya fue investigado por el caso Ricardo Jaime y Lázaro Báez, tal como contó La Nación. El Polo Obrero dice haberle comprado a Coxtex computadoras y software. En el caso de Miniso Trade, a la que también se le adquirieron supuestas notebooks, la empresa no tiene domicilio social ni historial en el mundo de la computación. Está vinculada a unos ciudadanos chinos.
En el caso de RicoPrint, UrbanGraphics y Carlos Monfrini los investigadores entienden que se usaron para efectivamente contratar los servicios pero luego de enviar el dinero se les pedía que una parte se redireccione a la imprenta Rumbos, que tiene sede en el Partido Obrero y fue fundada por dos históricos dirigentes del espacio. Esa maniobra se hacía a través de cheques que se mostró por primera vez. Con esa plata luego se hicieron aportes electorales por $18 millones al partido en cuestión. Una especie de circuito de financiamiento con el dinero estatal.
A modo de ejemplo, Urban Graphics emitió un cheque en favor de la imprenta Rumbos por $1.800.000. Rico Print hizo lo propio por otros $269 mil. La premisa de la Justicia es que se usó el dinero del Estado para financiar al Partido Obrero.
En el caso también se investiga extorsiones a beneficiarios del programa. En este tramo de la investigación que desarrolló Pollicita, se detectaron maniobras a través de las que se les pedía un porcentaje del plan a los titulares del programa; se les cobraba los bolsones de comida que repartía el Estado nacional y hasta se implementaba un sistema de multas para quienes no concurran a las marchas. Los que no iban, debían justificar su ausencia.
La investigación recae sobre referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.Ante la Justicia los propios beneficarios aportaron sus propios chat y mensajes donde se probó la extorsión para concurrir a las marchas. Están en la mira el accionar de 27 personas en los comedores La Carbonilla; Mariano Ferreyra y Rivadavia I.
En otro tramo del expediente, el fiscal concluye en que se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones”, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su acción mediante el cumplimiento de nuevas tareas, la imposición de multas por faltar a una “marcha” de hasta $10.000 por cada ausencia, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos turnos médicos, trámites, etc, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados, según cada “incumplimiento”, entre otros mecanismos.
Entre los acusados figuran Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.
Con las pruebas que recabó la Justicia, el futuro judicial inmediato no parecería ser el mejor para Belliboni.
