Gonzalo Pizarro se desempeñaba junto a Claudio Viña a quien conoció cuando era militante de Fuerza Republicana.
Cuando terminaba 2021 también finalizó su contrato en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y a partir de allí comenzó una serie de acciones contra la familia del parlamentario.
Sus agresiones en principio apuntaron al dirigente alfarista, pero como el destinatario ignoraba todos sus intentos de molestarlo, Pizarro decidió dirigir sus ataques hacia la esposa y las hijas del edil.
En un primer momento, el hombre actuaba de manera virtual, enviando mensajes con insultos y comentarios públicos injuriosas en las redes sociales, pero con el tiempo comenzó a acosar a una de las hijas de Viña en forma presencial, siguiéndola a lugares que frecuentaba la joven, incluidos actos políticos en los que acompañaba a su padre.
Cansadas de la escalada de agresiones, presentaron las denuncias correspondientes y la Justicia ordenó medidas preventivas, prohibiendo que el acusado se acerque y la realización de cualquier tipo de acto que pudiera importunarlos.
Pero lejos de acatar las órdenes de la justicia, Pizarro siguió adelante.
La hija del legislador decidió entones avanzar en la causa penal y junto al abogado Patricio Char llevaron a juicio al sujeto, debate oral que se suspendió en dos oportunidades porque el acusado cuestionó a sus defensores. Primero a Guillermo González y después a María Marta Cuenca, hasta que terminó haciéndose cargo Hernán Molina.
De todos los testigos que se presentaron a declarar a lo largo de las jornadas los más importantes fueron los peritos psicológicos, quienes en sus testimonios dejaron claro que la joven sufrió lesiones psíquicas como resultado directo de las acciones de Pizarro.
“La perito ha descripto un cuadro de ansiedad, hipervigilancia y un sentimiento de inseguridad que ha afectado su bienestar emocional. Esta no es solo una cuestión de palabras; es un reflejo de cómo el hostigamiento y la intromisión en su vida personal han distorsionado su percepción de seguridad, tanto en su hogar como en su entorno”, manifestó Char en sus alegatos finales.
“M., dejó en evidencia que su vida ha sido alterada de manera significativa y que su integridad física y emocional se ha visto comprometida. Este testimonio es esencial, ya que refleja no sólo su sufrimiento personal, sino también la necesidad de justicia y protección ante acciones que no deben ser toleradas”, amplió.
El profesional pidió que Pizarro fuera condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por ser considerado autor de los delitos de desobediencia judicial y lesiones leves a la salud mental.
“El acusado intenta presentarse como una víctima de un sistema que lo ha perseguido injustamente. Sin embargo, esta no es la realidad. Gonzalo Pizarro ha utilizado su posición y sus conexiones para intentar desacreditar a M., y hacerla responsable de sus propias acciones. La declaración de Pizarro en el juicio, donde se presenta como un defensor de la libertad de expresión, no puede ocultar la verdad: él ha sido el agresor, y su conducta ha tenido consecuencias devastadoras para ella”, sostuvo Char.
Al final, el tribunal dispuso condenar a Gonzalo Pizarro a dos años y seis meses de prisión condicional y le impuso algunas normas de conducta que debe atender, entre ella la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y el resto de la familia del parlamentario. Contexto
