Gendarmes y comerciantes ilegales asociados para vulnerar los mecanismos de control que están pensados para que la ley se imponga y la sociedad viva en un sistema donde delinquir tiene consecuencias.
El ruego de alguien que operaba fuera de la ley fue patético: “Por favor hagan algo con los milicos coimeros que nos sacan toda la plata”.
Los bagayeros ingresaban mercadería ilegal, sin pagar impuestos, los gendarmes los coimeaban a cambio de permitirles golpear la institucionalidad y la economía y todo marchaba bien aceitado.
Los fiscales federales Carlos Amad (Salta) y Agustín Chit (Tucumán), que llevaban adelante investigaciones similares, decidieron trabajar en conjunto.
Allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en Catamarca, Tucumán y Salta, en los que fueron detenidos 20 gendarmes y nueve civiles, se decomisaron al menos $ 46 millones y en la casa de los acusados hallaron mercadería que, se cree, había sido decomisada en algún control y luego fue separada para la venta.
La formulación de cargos contra los infieles gendarmes se llevó a cabo en Salta donde rige el nuevo Código Penal Federal .Todos recibieron prisión preventiva por dos meses.
El punto de control “El Naranjo” constituye el último escollo que deben superar los tours de compras. Cuando la mercadería llega a destino se comienza a comercializar ilegalmente en ferias o de forma no registrada y el Estado pierde de cobrar impuestos y se golpea a la institucionalidad, a las normas y se crea y recrea la cultura venal. El daño tiene muchas aristas.
Según el fiscal federal Chit “en algunos casos, los sobornos se exigían directamente a los comerciantes que viajaban en sus vehículos particulares, mientras que, en otros casos, los pagos se acordaban con los coordinadores de los tours de compra y se hacían mediante transferencia a cuentas de familiares de los efectivos implicados”.
“Tenían una ganancia de un millón de pesos por día”, reveló su colega salteño integrante del Ministerio Público Fiscal, quien señaló además que “ninguno de los acusados podía justificar la gran cantidad de dinero secuestrado”.
Hay detalles claves que surgieron en la investigación: descubrieron que en ese control se había una notoria disminución de secuestro de drogas; al haber sospechas de pago de sobornos, sólo se rotaba a los superiores; y supieron que algunos gendarmes pagaban a los responsables hasta $ 400.000 para que los destinen en ese destacamento.
El fiscal Amad agregó que los acusados pedían entre $ 3.000 y $ 7.000 a los comerciantes que regresaban desde el norte del país para permitirles pasar con la mercadería de contrabando. “Por esa razón los billetes encontrados eran en su mayoría de baja nominación”, aseguró.
Como era de esperar los agentes Gustavo Pozo y María Laura Rodríguez; los cabos Pablo Méndez y Olga Daiana Rodríguez, Matías Daniel Aranda, Rubén Rodríguez y Raúl Portillo; y el sargento Nelson Bautista negaron todo y se declararon inocentes.
En cuanto a la prisión preventiva, el juez Julio Bavio decidió aplicarla, pero en el caso de Rodríguez y Méndez, dispuso que fuera bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El resto, en tanto, serán trasladados a depndencias del Servicio Penitenciario Federal con lo cual se dio por formalizada la investigación y se habilitaron las pericias pendientes que serán cruciales ya que incluyen el levantamiento del secreto fiscal sobre los funcionarios corruptos.
