Las universidades y el Gobierno suman un nuevo capítulo en el conflicto por el financiamiento universitario y las auditorías sobre los fondos que reciben las casas de estudio. Ahora, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reclamó que se rechace la medida cautelar que pidió la UBA para evitar ser auditada por ese organismo.
En detalle, el organismo estatal presentó un informe de contestación de demanda ante la Justicia, además de recusar sin causa al juez en lo contencioso administrativo federal, Diego Cormick. Ante esta decisión, el magistrado envió el expediente a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que se realice un nuevo sorteo de juzgado.
Según detallaron desde la SIGEN en el escrito presentado ante la Justicia, «resulta evidente que el dictado de la medida cautelar solicitada» en la demanda de la Universidad de Buenos Aires «comprometería el interés público de modo irreversible, al afectar en forma directa el cumplimiento de los objetivos constitucionales, tales como el debido contralor de los fondos públicos».
«Auditar no es intervenir, es verificar la gestión económica financiera de una entidad que tiene como fin agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, a la vez que rendir cuentas de los recursos públicos utilizados y dotar de transparencia a al gestión estatal«, sostuvieron desde el organismo dirigido por Miguel Blanco. En este sentido, sentenciaron: «impedir que la SIGEN audite los fondos que el Tesoro Nacional le gira a la UBA, para el cumplimiento de sus funciones, implica ocasionar un grave perjuicio al interés público de efectos irreversibles, porque dejaría sin auditar la aplicación de los cuantiosos recursos asignados a esa casa de estudios que aún no se han rendido«.
Además, el organismo aclaró que «la auditoría excluye planes de estudio y otros ingresos que pueda tener la universidad por sus propias actividades ni genera costo alguno para la misma». El informe que había pedido el magistrado con un plazo de cinco días fue presentado por Blanco con el patrocinio letrado del titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.
La UBA presentó, el 28 de octubre, una «acción declarativa de certeza» para que la Justicia defina si la SIGEN puede o no auditarla. Mientras se resuelve esta cuestión, la casa alta de estudios también solicitó que dicte una medida cautelar que lo impida.
En el escrito de demanda se pidió la cautelar para que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la SIGEN que se «abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno». Esta solicitud se da en medio del conflicto que mantienen desde el Gobierno con las universidades y la exigencia de avanzar con auditorías sobre los fondos que reciben las instituciones educativas.
En detalle, la UBA advirtió que la administración libertaria «decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello«. En el escrito presentado En la demanda se busca que la Justicia «declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esta Universidad por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional». Ante dicha presentación, el juez en lo contencisoso administrativo federal, Diego Cormick, estipulo un plazo de cinco días para que la SIGEN produzca el informe – presentado hoy – de contestación a los argumentos de la UBA.
