A poco más de un mes y medio que cierre el año y con ello caduque la última renovación de los contratos 2024 para los estatales en planta transitoria, el Gobierno acelera con la implementación del llamado «examen de idoneidad» como condición para seguir trabajando en el Estado. El requisito, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será solo compulsivo para una parte de la administración nacional.
«El Sistema de Evaluación Pública es un hito histórico en la calidad del empleo en la Administración Pública Nacional», lo presenta el Gobierno en una web que habilitó específicamente para la evaluación. Allí afirma que el objetivo es «fortalecer el Empleo Público mediante una Evaluación General de Conocimientos y Competencias».
Durante los días previos al fin de semana largo, representantes de los dos gremios estatales mayoritarios -UPCN y ATE- se reunieron con los funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En concreto, con interlocutores de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, a cargo de María Rosana Reggi, la que se ocupa de delinear la modalidad y los contenidos del examen en cuestión.
En una serie de mensajes, los dirigentes gremiales informaron luego a través de los múltiples grupos de Whatsapp a los planteles de las diversas dependencias públicas la escasa información que les fue compartida en aquel encuentro. Horas después, el Gobierno habilitó el portal donde se puede acceder a algunos detalles más acerca de la prueba que se tomará.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron que es un examen que se tomará una sola vez, en la próxima renovación del contrato. Pero desde los gremios lo denuncian como otra acción para avanzar con la motosierra. Lo catalogan de «humillante» para empleados y empleadas con 10 a 20 años de actividad y que siguen en esas condiciones producto de la precariedad laboral en el Estado.
«Estos exámenes son un invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal. Las tareas que con profunda vocación de servicio realizan los estatales todos los días son la mejor muestra de idoneidad», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. «Estas evaluaciones que propone el Ejecutivo se encuentran por fuera de cualquier marco legal. No se pueden realizar», añadió.
En la reunión, los representantes de ATE dejaron sentada la posición de su gremio de no compartir ni avalar dicha instancia de evaluación. «Ya existen procesos formales, oficiales, para evaluar el desempeño de los/as trabajadores/as del Estado», remarcan también dirigentes de UPCN.
No obstante, desde la Casa Rosada fundamentan la implementación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) en el decreto 1421/02 y su reglamentación mediante la Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. «Sin perjuicio del régimen de selección que oportunamente se establezca, para la acreditación de la idoneidad y con carácter previo y obligatorio, se deberá aprobar una Evaluación General de conocimientos y competencias», consigna el artículo, y deriva en la autoridad de aplicación le resolución del puntaje mínimo requerido y número de intentos.
Se estima, grosso modo, que cerca de 58 mil personas deberán someterse a la evaluación para renovar sus contratos, la gran mayoría de ellos -unos 55 mil, según el Boletín Fiscal del tercer trimestre de 2024- bajo la modalidad del artículo 9 en el CCTG 214/06 y bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Eso sin contar a las empresas públicas ni a dos de los organismos descentralizados de mayor volumen como lo son el PAMI y la ANSES.
Según indicaron los funcionarios, en el transcurso de estas semanas, se notificará a quienes deben rendir mediante un correo electrónico o a través del sistema interno de la administración nacional, el GDE, consignando la orden de inscribirse al examen a través de la plataforma Concursar. Una vez que reservado el turno, la persona deberá presentarse con el DNI para rendir en el lugar asignado.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) votó ayer en un Plenario Nacional de delegados de todo el país un nuevo paro nacional de 24 horas para el 5 de diciembre, con opción de volverlo de 36 horas. Apuntan ya no solo contra el reciente anuncio de despidos en el Ministerio de Justicia y las paritarias exiguas sino también a la evaluación a las que pretende someter el Gobierno a casi una tercera parte de la planta estatal.
Lo que se sabe hasta el momento es que la evaluación será de carácter digital, anónimo y presencial y de cumplimiento obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional. Sin embargo, no aplicará a todas las personas enroladas en la administración nacional sino solo aquellos que tienen contratos temporarios, renovables desde diciembre de 2023 cada 120 días.
Acorde a la información que brindaron desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a UPCN y ATE, quienes serán evaluados son todas las personas contradas bajo el artículo 9 Resolución 48/02 Ley de Empleo Público y Ley de Contrato de Trabajo a tiempo determinado solamente.
El examen se realizará por tandas, con una primera etapa concentrada en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en diciembre. Para avanzar con las evaluaciones en el interior del país todavía deben resolver aspectos de logística, ya que el examen es de carácter presencial, admiten desde el Gobierno.
En las próximas semanas se enviará por mail la oferta disponible de turnos para reservar y se podrá cancelar si no se puede asistir y reprogramar para otra fecha dentro del rango estipulado. Acorde a la web oficial, cada persona contará con tres intentos para tomar el examen y cada intento requerirá reservar un nuevo turno.
Un dato clave: para cancelar un turno se debe hacer dentro de las 72 horas previas al día y horario asignado, pero aún si no pudiera concurrir por algún inconveniente en la fecha acordada, tampoco se consideraría como uno de los tres intentos disponibles para aprobarlo.
Quienes quedarán al margen de estos tests, de momento, son aquellas personas que presenten un Certificado Único de Discapacidad (CUD). la excepción es solo hasta tanto se adecuen los materiales para garantizar la accesibilidad. No hay especificaciones respecto a quienes ingresaron por el cupo trans, siguiendo la normativa sancionada por la administración previa.
Aunque las evaluaciones tendrán una modalidad digital (on line), se tomarán en un espacio físico a definir que no será en las oficinas del trabajo habitual. Tampoco se contempla la posibilidad de un examen domiciliario. Se tratará de una evaluación con el sistema de multiple choice a responder en una hora de tiempo.
Habrá, además, tres tipos de examen, cada uno con un nivel de complejidad mayor orientado acorde al perfil laboral de las y los empleados, categorizados como servicios generales, administrativos y profesionales. No se definió todavía cuántas preguntas incluirán pero sí que las temáticas girarán en torno a Comprensión Lectora, Razonamiento Lógico-Matemático y Administración Pública Nacional. Este último apartado será de aplicación solo para la evaluación orientada a profesionales.
Por último, hay disponible en la web oficial del examen una serie de materiales teóricos y ejercicios orientativos a modo de práctica, que dan cuenta de cómo puede ser el examen. En lo referido a los conocimientos sobre Administración Pública Nacional, se ponen a disposición links para acceder a los textos de la Constitución Nacional, el Código Electoral, la Ley de Ética Pública, la de Procedimiento Administrativo y la de Administración Financiera.
De igual modo, hay diferentes modelos de preguntas, acorde a los tres tipos de exámenes (servicios generales, administrativos y profesionales) en lo que refiere a actividades de comprensión de consignas, donde se debe completar o interpretar entre varias opciones posibles. Y por último situaciones problemáticas de tipo matemático que incluyen también la respuesta correcta a modo de práctica.
