En el escándalo de los alimentos encontrados en una vivienda familiar se supo quetro la orden de entrega de productos para confeccionar 260 módulos alimenticios, que está a nombre del padre del detenido y la casa donde los encontraron no es del encargado de distribuirlos.
Este individuo -que también es dirigente social- recibió el remito cuando retiró los productos del depósito de Hacha de Piedra, una firma que presta servicios de logística para el Gobierno provincial. Sin embargo, según el informe policial, en la vivienda había muchos más comestibles que los consignados en ese documento (por ejemplo, más de 600 botellas de aceite, 119 fardos de harina y 79 fardos de azúcar). Incluso, se hallaron alimentos que no aparecían en aquella nómina, como leche en polvo (un total de 40 kilos).
O sea, el escándalo es mayor porque había mercadería que no se sabe de donde llegó y quien fue en que la acumuló en ese lugar. Todo muy turbio como es la gestión del ministro de Desarrollo Social Federico Masso, que le está haciendo pagar un elevado costo político al gobernador.
Dentro del peronismo hay un gran sector que no acepta que sea Masso el ministro de Desarrollo Social y que tenga dentro de sus funciones entregar mercaderías a las familias pobres, que es el principal electorado del partido. Incluso hay jaldistas que no desean la continuidad del funcionario de quien recuerdan que fue contrincante político en las elecciones y que en la campaña electoral expresó críticas y acusaciones al peronismo.
Desde hace varios días, el ex legislador viene organizando un acto -previsto para hoy a las 17.30, en el club Villa Luján- para celebrar los 37 años del movimiento que encabeza. La expectativa está centrada en si el evento contará con la participación del gobernador, tal como se había anunciado en las invitaciones, lo que significaría un importante respaldo tras el caso de la mercadería secuestrada.
Este escándalo le pega de frente a la política ya que dejó comprometidos a un hombre de 39 años y a su padre, ambos dirigentes sociales con actividad en barrios de sectores vulnerables.
No es un hecho aislado, en Tucumán se había registrado un antecedente reciente de una investigación judicial por maniobras con alimentos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social. El expediente se originó en enero pasado, a partir de una denuncia formulada por el ministro Federico Masso, que advirtió sobre desvíos en lotes de alimentos destinados a cooperativas de trabajo, comedores y merenderos comunitarios. Por el hecho, se llevaron adelante allanamientos y arrestos. Y si bien no hay personas privadas de la libertad por este proceso, la Justicia tiene bajo la lupa a seis sospechosos: Hugo Adrián Juárez, Ivana Vanesa Sánchez y Juan Ernesto Juárez (los tres defendidos por Gustavo Morales), Marcos Eduardo Soria (representado por Patricio Char), Lucas Matías Orrillo (patrocinado por Marcela Ledesma e Iván Escobedo) y Rosa Margarita Ibáñez (por Agustina Recalde).
La sospecha fundamentada es que los alimentos que compra el Estado para repartir entre las familias de bajos recursos termina en manos de dirigentes políticos que luego las venden, violentando la ley. Muchos en el ambiente saben quienes son por denuncias privadas de los vecinos que no las pueden hacer públicas por temor a represalias.
El manejo de esta área a nivel nacional demostró la grosería con que se cometían delitos escondidos detrás de una actividad que se muestra en sociedad como solidaria porque emana de un sentido de justicia social que pone en práctica el Estado.
