El fiscal adjunto Raúl Ferrazzano confirmó que la Provincia será querellante en la causa donde se investiga la existencia de mercadería que compra el ministerio de Desarrollo Social y que fue encontrada en un domicilio particular y remarcó que «los tucumanos quieren que el gobierno cuide el patrimonio provincial«.
Ferrazzano enfatizó que «el Gobernador ha instruido a esta Fiscalía a constituirse como querellante en esta causa penal«, a la vez que recordó que «la Fiscalía de Estado tiene entre sus atribuciones representar los intereses del estado provincial«, máxime tratándose de «este caso de gran sensibilidad social«.
Ferrazzano afirmó: «Lo importante es que el Estado ha tomado la decisión de controlar e ir hasta las últimas consecuencias con el manejo irregular de alimentos que tienen una finalidad social. La idea al otorgar estos módulos es acompañar en momentos difíciles, aquellos que desvíen esa finalidad van a sufrir todas las consecuencias legales«.
En ese marco, sostuvo que se investigan en esta causa «delitos como fraude contra la administración pública, peculado, delitos que son delitos cuyas penas máximas es de seis años, pueden llegar a tener condena efectiva«, y manifestó que «los tucumanos quieren que el Gobierno cuide en debida forma el patrimonio provincial«.
No deja de llamar la atención que el Estado se constituya en querellante en una causa donde se investiga irregularidades en un sistema o mecanismo que lleva adelante el mismo Estado, legitimando a protagonistas de esta historia. Es el Estado el que entrega la mercadería y debe controlar que las mismas lleguen a sus destinatarios. La obligación del Estado termina cuando verifica que el proceso se concretó. En este caso, al igual que en el anterior de principio del año, el Estado demostró una negligencia que es pasible de sanción, por lo menos hay una responsabilidad inevitable del ministro del área Federico Masso quien desatendió sus responsabilidades e hizo menos de lo que le correspondía hacer.
