El Diputado Nacional Carlos Cisneros, presentó hace un tiempo un amparo judicial contra la decisión del gobierno de Javier Milei que puso restricciones a los jubilados en el acceso a medicamentos.
Esta decisión generó una nueva decepción en la clase pasiva por la pérdida de descuentos en la compra de medicamentos. Las restricciones anunciadas en diciembre exigen que los jubilados cumplan con requisitos como ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos o no tener más de un inmueble.
Ahora el juez federal Nº 2 Guillermo Díaz Martínez, tomó la decisión de enviar a Mendoza el amparo en cuestión.
Ante esta situación el Diputado Cisneros expresó: «deja a miles de jubilados en una situación de vulnerabilidad extrema, al negarles una respuesta inmediata y concreta ante un tema que pone en riesgo su salud y su vida».
El fundamento del juez federal es que en esa provincia existe un planteo similar, entonces como es previo al planteo del diputado tucumano se deberían unir las causas porque coinciden en el tema en cuestión.
Cisneros aclaró que la causa que dio inicio con su planteo «está limitada exclusivamente a los jubilados de esa provincia, dejando sin protección cautelar a los jubilados tucumanos que, desde diciembre, enfrentan graves restricciones para acceder a medicamentos esenciales».
“Es inadmisible que mientras en Mendoza se reconoce el peligro en la demora y se otorgan medidas cautelares, en Tucumán se decida abandonar a nuestros jubilados al trasladar la causa. Este fallo genera una desigualdad que pone en peligro vidas” planteó Cisneros, que interpuso el amparo como representante de la Asociación Bancaria y la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario.
“Estamos hablando de derechos fundamentales, no de trámites burocráticos”, afirmó el diputado nacional, quien recordó que la decisión del juez federal está en contradicción con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
«El impacto no es solo jurídico, sino profundamente humano. Jubilados que dependen de sus medicamentos para condiciones como hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas se enfrentan ahora a la incertidumbre de no poder costear sus tratamientos», dijo Cisneros.
La decisión del juez federal generó profunda angustia en la clase pasiva que espera de la Justicia una protección eficiente y ágil de sus derechos, sobre todo cuando hay verdadero riesgo de vida como en este caso.
