La Fiscal de Estado Gilda Pedicone, afirmó que los que usurparon o compraron tierras en la Reserva de El Mollar deberán enfrentar una causa penal y se mostró confiada en que el Estado podrá recuperar las tierras.
El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo, sigue diariamente los avances de esta causa y dio la orden que se llegue hasta las últimas consecuencias para que sea un caso testigo con un fuerte mensaje a la sociedad .
Pedicone afirmó “nuestra prioridad fue detener las ventas de las tierras y las construcciones para preservar el medio ambiente. No es un tema menor, se trata de una reserva natural nada menos”.
Los abogados del Estado estudian minuciosamente cada papel de la documentación que tienen para poder determinar con precisión a los involucrados y las responsabilidades que tiene cada uno.
Sin dudas, esto fue posible por la negligencia de algunas reparticiones públicas que colaboraron para que esto se concretara. Algunos trataron de dar explicaciones pero se encontraron enredados y terminaron por reconocer los errores.
La documentación con la que cuentan los adquirentes de los lotes no pasa ninguna revisión legal. No hay forma de demostrar que lo hicieron legalmente.
En las reparticiones involucradas desaparecieron los papeles. Pero la documentación entregada por las personas que compraron los lotes tienen algunas firmas de funcionarios que están en una complicada situación. Aparecieron firmas y sellos apócrifos, lo que demuestra que hubo un sistema ilegal montado con el objetivo de ganar dinero.
El Estado está confiado que va a desnudar todo el manejo que se hizo para lograr estas adquisiciones y finalmente luego de desmontar la mentira va a poder recuperar al reserva como le pidió el gobernador a la fiscalía de Estado.
Lo lamentable es que este no es el único caso donde se vendieron ilegalmente tierras públicas. Hay casos similares en El Cadillal y San Javier.
