Todo se encamina para que el Estado termine recuperando las tierras usurpadas en la Reserva de El Mollar. Esa fue la orden que dio el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo a los abogados del gobierno.
Tanto la Fiscalía de Estado como el fiscal Miguel Varela solicitaron la restitución y desalojo del llamado “Loteo Gaucho Castro”. Ambos presentaron distintos escritos con el mismo objetivo final.
Todo comenzó en octubre del año pasado cuando se descubrió, tarde indudablemente, que las tierras públicas estaban ocupadas. Fue entonces que la Fiscal de Estado Gilda Pedicone, presentó una denuncia en sede judicial y logró con una medida de no innovar frenar que se siga construyendo. Por otro lado presentó una denuncia penal contra Juan Pablo Castro que es el que realizó ese emprendimiento inmobiliario.
Para lograr que haya compradores, un grupo de personas obtuvo con la complicidad de empleados y funcionarios públicos la documentación, absolutamente ilegal, para hacer aparecer que la comercialización estaba en regla. O sea, hay dos delitos probados que son la usurpación y las estafas reiteradas.
Los señalados fueron Castro y su nieto político Damián Romano; el ex subsecretario de Regularización Dominial Fernando Rogel Chaler y los empleados de ese organismo Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo; y Yanina Mamaní, que es nuera del último empleado estatal mencionado.
El representante del Ministerio Público comenzó a acumular valiosas y nuevas evidencias que le permitieron comenzar a investigar a otras personas. Comenzó a tomar fuerza la idea que se trató de una perfecta asociación ilícita.
Abogados de fiscalía dialogaron con el fiscal Varela para pedirle que restituya inmediatamente las tierras al Estado porque se trata de una reserva. Independientemente que la causa judicial y las investigaciones no estén concluidas.
En la presentación firmada por el abogado de fiscalía del Estado Molina, se plantea claramente que la restitución de manera provisoria, es decir, hasta que se defina la cuestión de fondo.
El fiscal Varela avanzaría en dos direcciones paralelas, por un lado restituir en forma inmediata las tierras al Estado y desalojar a quienes viven en ella violentando la reserva.
Si la Justicia restituye las tierras y sigue adelante con la investigación, a pesar que el objetivo jurídico central está cumplido, sentaría un precedente muy importante para todas las causas sobre usurpación.
