Tras el rechazo del Senado a los pliegos de los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y la renuncia ayer de este último, volvió a quedar en manos de tres jueces la definición del expediente penal de mayor impacto político en el actual escenario electoral: la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Y al interior del máximo tribunal ya se plantearon puntos de vista divergentes sobre los tiempos en que debe resolverse este expediente.
El Gobierno hizo saber que no impulsará en el corto plazo nuevos pliegos para la Corte, con lo que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti seguirán al menos hasta que se produzca el recambio legislativo como únicos miembros del tribunal (ver aparte).
Los tres ya empezaron a conversar sobre la causa de la expresidenta en el acuerdo del jueves de la semana pasada. Aún estaba García-Mansilla como miembro.
El expediente ingresó el lunes 31 de marzo en la Corte, luego de que el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, planteó un recurso de queja contra la decisión de la Cámara Federal de Casación de rechazar un recurso extraordinario de la expresidenta que buscaba revisar la condena.
También lo hicieron el resto de los acusados y el fiscal de la Cámara de Casación Mario Villar, que pidió ampliar la condena a 12 años y agregar el delito de asociación ilícita al de fraude por el que fue condenada.
En el acuerdo del jueves pasado empezaron a esbozarse las primeras diferencias entre los jueces.
Es conocida la posición de Lorenzetti, discordante frente a la de sus colegas, sobre todo en temas de organización del tribunal. Pero en este caso Lorenzetti planteó la necesidad de tramitar la causa con cierto ritmo, de modo de resolverla en este semestre.
Pero Rosatti y Rosenkrantz plantearon sus razones para imprimirle “el trámite normal y habitual del resto de los procesos que llegan a la Corte en iguales condiciones”.
Las diferencias no son inocuas, ya que entre una postura y la otra está la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata o no, o que evite la prisión (domiciliaria) o no.
Este jueves, cuando se vuelvan a reunir en acuerdo los tres jueces, se verá qué voluntad tienen de imprimirle ritmo al caso o si, por el contrario, lo dejarán allí.
Lorenzetti cada vez que tuvo una diferencia con sus colegas redactó sonoras disidencias, con un declamado afán de transparentar el funcionamiento de la Corte.
Si la Corte rechaza el recurso de queja, Cristina Kirchner debe cumplir la pena, pues la sentencia quedará firme. Como la expresidenta tiene más de 70 años, en caso de un rechazo de este recurso, puede pedir cumplir la condena en prisión domiciliaria. Pero quedará inhabilitada como candidata, desde el momento en que la condena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Si se demora el caso para que Cristina Kirchner sea candidata, va significar que la Corte, lejos de no pronunciarse en años electorales, está jugando políticamente”, dicen en los tribunales.
Junto con este caso, está sobre la mesa el debate acerca de si se confirma o no la condena a Lázaro Báez en la causa conocida como la ruta del dinero K.
Allí, Cristina Kirchner está imputada y fue indagada, pero el juez Sebastián Casanello no encontró razones para procesarla. Lorenzetti apura a sus colegas para tratar el caso. Está en estudio desde hace casi dos años.
Si la Corte rechaza los recursos, al igual que con el caso de Cristina Kirchner, se deben cumplir la condenas de todos los implicados. No afecta a la expresidenta.
Cuando se reúna para tratar el caso Vialidad, el primer paso que realizará la Corte es declarar abstracta la recusación del juez García-Mansilla (que planteó Beraldi), pues el magistrado ya renunció.
Luego deberá enviarle el recurso del fiscal Villar al procurador interino Eduardo Casal, fiscal ante la Corte. Casal deberá determinar si sostiene el recurso de Villar.
Los tiempos son la claves: se verá si hará el traslado esta semana o más adelante.
Casal sostendrá el planteo de Villar y una vez que conteste la vista, con su dictamen, la Corte estará en condiciones de resolver.
Puede hacerlo en cuestión de semanas, apenas reciba ese dictamen, o en cuestión de meses y hasta de años. Hay ejemplos de todas estas variantes.
La decisión que debe tomar la Corte es jurídica, pero claramente la determinación de cuándo tome esa decisión es política, ya que el tiempo es una dimensión de la gestión judicial.
En caso de que el recurso sea rechazado antes del 17 de agosto, fecha límite para la oficialización de candidaturas a diputados nacionales, Cristina Kirchner no podrá ser candidata.
Si lo rechaza entre el 17 de agosto y el 26 de octubre, cuando son las elecciones y si Cristina Kirchner es candidata oficializada, difícilmente se le impida competir, según especialistas en derecho electoral consultados por LA NACION.
Si la decisión de la Corte se conoce luego del 26 de octubre, con Cristina Kirchner potencialmente ya elegida diputada nacional (o provincial, como dejan entrever sus laderos, en medio de la disputa interna con Axel Kicillof), no solo habrá sido legal su participación en los comicios, sino que dispondrá de fueros parlamentarios.
Beraldi entiende que la Corte debe darse el tiempo que se viene tomando para resolver este caso. Y puso como ejemplo, en un escrito que envió a la nacion, que en otras quejas en la misma causa demoró dos años para resolverlas. “Pedir o esperar que la Corte Suprema resuelva la cuestión en clave electoral desnaturalizaría por completo su esencia como tribunal de justicia”, dijo el letrado.
Cristina Kirchner fue condenada por fraude contra el Estado por favorecer a Lázaro Báez con las licitaciones de la obra pública santacruceña.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, la condenaron en diciembre de 2022.
Luego, la Cámara de Casación Penal, con la firma de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó esa condena al rechazar recursos de casación de las defensas de Cristina Kirchner y otros condenados.
La pena contra Cristina Kirchner ya tiene un doble conforme, que es el parámetro de los tratados internacionales de derechos humanos para considerar que un fallo debe ser ejecutado.
Lo usual en los casos que trata la Corte es que si una causa llega a sus estrados con condena con doble conforme y con el recurso extraordinario denegado, el recurso de queja es denegado, sin mayores explicaciones, recurriendo a una fórmula establecida en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que no obliga a explicar los motivos de la decisión.
En caso de que la Corte rechace los recursos de queja, Cristina Kirchner se propone seguir recurriendo ante los tribunales internacionales para denunciar lo que considera una violación de sus derechos al amparo del lawfare.
Los fallos de los tribunales internacionales son vinculantes para la Argentina y deben ser cumplidos, a tal punto que pueden implicar la revisión de una condena firme.
Beraldi explicó que la revisión de sentencias firmes procede, entre otros supuestos, cuando “se dicte en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual”.
Esta regla del nuevo Código Procesal Penal Federal se puso en vigor el 9 de diciembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández.
