La decisión del Gobierno de avanzar en un ajuste del gasto público centralizado en la fusión, absorción e incluso la eliminación de entes y organismos, no obedece exclusivamente a razones de funcionalidad y eficiencia administrativa, sino principalmente a que resulta prácticamente imposible repetir de ahora en más la modalidad aplicada en 2024, basada en la reducción de las erogaciones en jubilaciones y pensiones, subsidios económicos y transferencias a las provincias.
La imposibilidad de una reiteración del ajuste igual al del año pasado responde a que el grueso de los recortes en esas tres áreas ya fueron realizados y en algunos casos son irrepetibles (como en el sistema previsional) y en otros no tendrían un impacto similar en el gasto total, tal como ocurre con los subsidios y las transferencias.
Si bien en 2024 el eje de la reducción del gasto pasó por el flanco de las jubilaciones y pensiones, la fórmula de movilidad aplicada a partir de marzo de ese año marca un límite a ese ajuste que, en rigor, se concentró en el primer trimestre, en medio de la transición entre el anterior régimen de actualización y el vigente desde entonces.
Tanto es así que si bien el recorte real en el gasto total en jubilaciones fue en 2024 del 15% respecto a los de 2023, esa reducción no fue uniforme en los doce meses, pasándose de ajustes de más del 30% en los primeros meses a una mejora del 7,8% en diciembre, de acuerdo con los relevamientos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En lo que va de 2025, en todos los meses el gasto previsional global tuvo incrementos porcentuales interanuales de dos dígitos, lo que deja en evidencia la dificultad de seguir con este recurso como “driver” del ajuste.
El caso de los subsidios
Una situación similar se da en el área de los subsidios que el Estado nacional otorga a diferentes sectores económicos, entre los que el energético figura en el primer lugar.
Aunque aún resta un margen de subsidios por recortar, el grueso del recorte ya se produjo y para este año se proyecta que en el gasto total (energía, transporte y otras áreas de menor incidencia) será cercano a los $4 billones, aproximadamente el 0,5% del Producto Bruto Interno proyectado para todo el año.
Si se tiene en cuenta que el recorte a los subsidios en 2024 fue equivalente a más de un punto del producto, cabe concluir que una reducción en este rubro no podría tener ahora un impacto similar, aun si se los eliminara por completo.
En ese sentido, los recortes a los subsidios no fueron aplicados con uniformidad en todos los sectores sino que se focalizaron en los energéticos, lo que se reflejó en aumentos en las tarifas de los servicios de electricidad y gas.
Esa situación generó en el primer trimestre de 2025 una situación inédita desde que se implantaron los subsidios generalizados en 2002: por primera vez, los subsidios a la energía no concentran más del 50% del total, cayendo en ese período al 45,4%.
Esa baja en la participación implica, precisamente, que los eventuales ajustes futuros que se apliquen en ellos no tendrán una incidencia significativa en la reducción de los gastos totales de la Administración Pública Nacional (APN), como tuvieron el año pasado.
