La Justicia Federal de La Plata ordenó este martes un allanamiento en la sede de la ANMAT como parte de la investigación del fentanilo contaminado, fabricado por el laboratorio HLB Pharma, y que habría provocado la muerte de 34 pacientes en distintos hospitales de la Argentina.
Según confirmaron fuentes judiciales, el procedimiento se hizo en las oficinas del Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial del organismo encargado del control y regulación de los medicamentos que se comercializan en el país. La Justicia busca información sobre las actuaciones realizadas por la ANMAT, luego de los avances que tuvo la denuncia que el propio ente regulador presentó hace casi un mes.
El procedimiento fue ordenado por Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, que lleva adelante la investigación de una denuncia que se inició por la detección de este fuerte anestésico infectado de dos bacterias en un hospital de La Plata.
Según explicaron en los tribunales, se trató de un procedimiento denominado «presentación y allanamiento en subsidio» y estuvo a cargo de personal de la Policía Federal en la sede que la ANMAT tiene en avenida Caseros 2161, donde funciona el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Las presuntas muertes provocadas por el uso de este opioide, que se prescribe para pacientes con cuadro clínicos graves, se detectaron hace casi dos meses en un centro asistencial privado de la capital bonaerense.
Las autoridades del Hospital Italiano de La Plata observaron que varios enfermos a los que les suministraron fentanilo luego fallecieron por afectados por las bacterias Klebsiella variicola y Klebsiella pneumoniae.
Tras una prueba de laboratorio se constató que las ampollas que proveyó HLB Pharma, y que habría elaborado en colaboración con el laboratorio Ramallo, eran las que portaban esas bacterias.
En primera instancia detectaron nueve fallecimientos. Con esos datos, los directivos del Hospital Italiano fueron al ANMAT el 2 de mayo. Con el avance del proceso judicial se comprobó que en La Plata murieron 15, en CABA 1, en Santa Fe 17, y otro en Balcarce.
El 12 de mayo ANMAT ordenó la clausura de HLB y del laboratorio Ramallo. También prohibió que sigan con la fabricación de cualquier remedio.
Por su parte, el juez Kreplak ordenó allanamientos a los centros de producción y a la droguería que comercializó los productos, Nueva Era, en Rosario. Además, convocó a las autoridades del ente regulador.
Al presentarse ante la justicia, el responsable de la ANMAT, a presidenta, Nélida Agustina Bisio, describió los procedimientos de control y los antecedentes que tenían las firmas cuestionadas en la investigación.
Luego el juez reclamó un relevamiento y un informe a todas las jurisdicciones provinciales donde se habían repartido los lotes sospechados de contaminación. Se presume que había dos partidas de 150 mil ampollas cada una con inconvenientes.
Kreplak tomó más declaraciones. Recibió el testimonio de los directivos del instituto Malbrán (que hicieron las pruebas que corroboraron la contaminación) y de otros funcionarios del la administración nacional de medicamentos.
Una de las versiones que se escucharon en Tribunales es que algunas precisiones de agentes de ANMAT no convencieron al magistrado. Por eso requirió -mediante allanamiento- el aporte de más material y documentación.
«Habría elementos para pensar que existe un faltante de droga (fentanilo) entre lo que se declaró como importación y lo que salió de los laboratorios. Pero que no hubo situaciones de control adecuadas», sospechan en las oficinas del Poder Judicial que están con este caso.
¿Que otra presunción preocupa a los investigadores?. «El depósito de Ramallo -de donde se abastecía HLB- era un gran descontrol, porque lo manejaban por teléfono los directivos. Disponían la distribución de manera absolutamente informal a través de mensajes de WhatsApp y no por un sistema de respaldo, como exige la industria farmacéutica», habría detectado la Justicia.
No obstante, fuentes vinculadas con el negocio de la comercialización de productos medicinales sostienen que es «difícil» que encuentren algún indicio de este «descontrol» en las oficinas de ANMAT.
