Pablo Grillo, el fotoperiodista herido durante la represión a las protestas de jubilados frente al Congreso Nacional el pasado 12 de marzo, fue dado de alta este martes y continuará su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca. Luego de pasar casi tres meses en terapia intensiva, el fotógrafo comenzará una nueva etapa médica, mientras su familia insiste en reclamar justicia por el ataque que puso en riesgo su vida.
Grillo, de 35 años, sufrió un traumatismo de cráneo tras recibir en la cabeza el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno, presuntamente disparado por un gendarme en medio del operativo represivo. Tras ser internado en el Hospital Ramos Mejía, fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Los médicos confirmaron un cuadro de hidrocefalia tras el control de fístulas de líquido cefalorraquídeo, y debieron realizarle una neurocirugía.
“¡Gracias eternas por el cariño, el apoyo y acompañamiento!”, expresó el entorno de Grillo, que sigue recibiendo mensajes de solidaridad de la sociedad y organismos de derechos humanos.
Mientras el fotógrafo inicia su rehabilitación, la causa judicial avanza con trabas en los tribunales de Comodoro Py. Un informe del Cuerpo Médico Forense calificó sus lesiones como “graves y gravísimas”, y afirmó que pusieron en peligro su vida. Las pruebas reunidas señalan al gendarme Héctor Guerrero como autor del disparo, aunque el uniformado todavía no fue citado a declarar. Tampoco la Gendarmería Nacional Argentina aportó información clave para esclarecer el hecho.
En paralelo, la Policía Federal entregó registros del operativo con audios recortados, lo que complicó aún más la instrucción judicial. A pesar de las evidencias, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó públicamente al agente implicado, afirmando que actuó “según los protocolos”. Sin embargo, las imágenes del momento del ataque contradicen esa versión.
El caso de Pablo Grillo volvió a encender el debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y puso en foco la responsabilidad del Estado frente a hechos de violencia institucional.
