«Esto será un antes y un después también para el gobierno». La frase es una explícita referencia al fallo de la Corte que ordenó la detención de Cristina Kirchner y fue replicada por varios funcionarios de la Casa Rosada por lo que marca un punto de inflexión: el efecto rebote de la expresidenta encarcelada inevitablemente implicará para el presidente Javier Milei una redefinición de sus planes en materia electoral, objetivos legislativos, política de seguridad en las calles e incluso un retoque en el esquema de medidas económicas para el futuro inmediato.
Ya nada será igual para la política argentina con Cristina Kirchner detenida. Ni siquiera el gobierno le escapa a este axioma.
Desde Jerusalén Milei emitió un breve tuit. Allí remarcó que «la República funciona», desechó la idea de un «supuesto pacto de impunidad» con la expresidenta y cerró: «Justicia. Fin.» No más que eso.
Desde el vértice del Poder Ejecutivo para abajo hay una coincidencia clara de que el escenario político del país se modificó desde el fallo de la Corte y que el mismo gobierno deberá readecuar su estrategia en función a los vaivenes que dejará en el camino la expresidenta ahora encerrada.
Por lo pronto, hay prevista una masiva marcha convocada por el PJ y sus aliados para el próximo miércoles del Congreso a Plaza de Mayo por la definición de la detención de Cristina Kirchner. En el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich empezaron a esbozar operativos especiales y refuerzo de efectivos en el caso de que haya más movilizaciones del PJ en otros puntos el país.
Hay preocupación en el Gobierno por el accionar eventual de los gremios y movimientos sociales que también se movilizarán en contra de la «proscripción» de Cristina Kirchner.
Allegados a Patricia Bullrich comentaron que hay estado de «alerta» por el poder de daño que estos grupos podrían hacer en las calles.
A los sectores del PJ tradicional se les sumarán los grupos de izquierda y el Polo Obrero. Se prevé un despliegue con refuerzo de la Policía Federal y Gendarmería en las inmediaciones del Congreso para frenar cualquier tipo de actividades anómalas. También habrá presencia de fuerzas de seguridad en estaciones de trenes o centros de concentración de gente. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue más trágica en sus proyecciones y dijo que tiene «miedo de que muera gente por estar defendiendo» a la expresidenta.
La unidad en la causa Cristina Kirchner que hizo el PJ con la izquierda, el trotskismo y vastos sectores gremiales resulta toda una novedad en la política argentina que deberá atender la Casa Rosada.
La CGT aseguró a través de un comunicado que «la democracia está en peligro» y expresó «su más profundo repudio a la embestida mediática y política sobre la Justicia, y exige responsabilidad al Poder Judicial para que actúe con la integridad que la ley le exige y la sociedad le reclama». En la reunión del PJ con referentes como Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno varios jefes gremiales de SMATA y la OUM hicieron referencia a una movilización sindical en todos los planos. ¿Implicará todo esto una paralización de fábricas o de la producción a gran escala?
El jefe de Gabinete Guillermo Francos comentó en la cena del CARI, a pocas horas del fallo de la Corte, que los mercados globales «reaccionaron muy bien» ante la decisión judicial de detener a la expresidenta. También desechó de plano un eventual «clima de inestabilidad política». Pero puertas adentro de la Casa Rosada no se oculta preocupación. De hecho, hay una orden de Milei de no hacer de la detención de Cristina Kirchner el próximo miércoles «un show mediático» para no enardecer a las filas peronistas.
Especialmente no quieren emular a la gestión de Mauricio Macri que cuando Amado Boudou quedó detenido la policía hizo circular videos del exministro esposado. Nada de esto se verá ahora en el caso de Cristina Kirchner.
El otro eje de acción que empezó a evaluar el gobierno y varios legisladores de LLA tiene que ver con un escenario de eventual parálisis del Congreso. La semana que pasó hubo una decisión unánime de diputados y senadores del PJ de hacer un boicot a la actividad legislativa por el fallo judicial y denunciar una situación de «atentado institucional» por la detención de la expresidenta. Varias reuniones de comisión fueron suspendidas y no se sabe cuánto tiempo más seguirá este escenario. Pero en el oficialismo alertan a sus aliados del PRO y la UCR sobre este tema.
Los gobernadores también se sumaron a la ola de estado de rebeldía. Un grupo de gobernadores del PJ hizo llegar su malestar a la Casa Rosada por la situación de Cristina Kirchner y en la reunión con Guillermo Francos el viernes en el gobierno mandatarios peronistas como Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Zilotto (La Pampa) o Claudio Vidal (Santa Cruz) hubo reclamos por una reforma fiscal y fondos de obra pública. En el fondo de la cuestión muchos de esos reclamos coinciden con la retórica anti-Milei de Cristina Kirchner.
De hecho, el tema de la expresidenta detenida fue abordado por el mismo Francos quien ante los gobernadores se sinceró y admitió cierta preocupación por las derivaciones que podría acarrear en sectores duros del PJ y la izquierda la situación de Cristina Kirchner.
La detención de la expresidenta también obligará al «Triángulo de Hierro» conformado por el presidente, Karina Milei y Santiago Caputo a reconfigurar una estrategia electoral para la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios de septiembre y octubre. Si bien en el gobierno aseguran que la mejor opción era competir contra Cristina Kirchner y ganarle en las urnas para desterrar de una vez por todas al kirchnerismo, lo cierto es que ahora el panorama de candidaturas bonaerenses, sobre todo en la Tercera Sección electoral donde iba a competir la expresidenta, quedará más despejado el panorama para LLA.
Es que los libertarios no encontraban hasta ahora a un candidato potable para hacer frente a Cristina Kirchner. En adelante se reforzará el mensaje nacional en la campaña bonaerense y a candidatos de peso como José Luis Espert, Diego Santilli o Guillermo Montenegro.
En el plano económico, el gobierno se mostró efusivo con los datos del INDEC que mostraron una abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años. Eso representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado en los datos divulgados por el INDEC.
Sin embargo, hay datos de la política que hacen meollo en los números del INDEC. En el gobierno admiten que un efecto de Cristina Kirchner presa podría pegar en sectores de clase media donde la baja de la inflación es un factor importante pero no determinante en el voto.
De hecho, hay una visible caída en el poder de compra de las familias de clase media y la decisión oficial de pisar paritarias, sostener el dólar bajo con reservas vía endeudamiento y el altísimo valor de los servicios detona al bolsillo de vastos sectores sociales.
En la Casa Rosada observaron con alerta un nuevo informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que revela que, durante el primer año de la actual gestión, la clase media experimentó un deterioro en su poder adquisitivo y en su acceso a bienes y actividades que históricamente definieron su posición social. Durante el primer año del gobierno de Javier Milei, el consumo de los hogares argentinos atravesó una profunda reconfiguración.
El aumento desmedido de los precios relativos, especialmente en servicios esenciales, obligó a rediseñar las canastas de consumo, desplazando bienes tradicionales y resignando la calidad de vida. El análisis interanual comparado de los datos de consumo, inflación e ingresos, enfocado en la clase media, revela en primer lugar una reconfiguración forzada de la canasta de consumo.
Así, se produjo un cambio drástico en la composición del gasto de los hogares. Durante el primer año de la gestión Milei, el 59% del gasto se destinó a servicios, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior. Esto significa que, aunque los salarios mostraron una recuperación nominal, el poder adquisitivo real se vio mermado por la necesidad de cubrir costos fijos ineludibles.
Es indudable que desde la cárcel o su presión domiciliaria Cristina Kirchner seguirá imponiendo temas en la agenda de Milei. La astucia del presidente justamente consistirá en adelante en eludir del mapa de agenda política la omnipresencia de la líder de la oposición.
