La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó una condena de 14 años de prisión efectiva para Nelson Leonardo Cositorto, acusado de liderar una organización ilícita bajo el esquema fraudulento de Generación Zoe.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal, el pedido de pena se fundamenta en su rol como jefe u organizador de una asociación ilícita y en su responsabilidad por estafas reiteradas, en concurso real. En su alegato, que se extendió por tres horas, la fiscal pidió también que se investigue por falso testimonio a Daniel Flores Jiménez.
El perjuicio económico que provocó la organización fue estimado en $776.834.153, con más de 100 testimonios recabados durante el debate oral que permitieron reconstruir el funcionamiento del esquema Ponzi. “Se acreditó la asociación ilícita encabezada por Cositorto, que elaboró funciones y roles específicos para cada uno de los miembros de la organización”, afirmó Salinas Odorisio.
El pedido de la fiscalía también incluyó penas para otros cuatro imputados vinculados al núcleo operativo en Salta: ocho años de prisión para Ricardo Gabriel Isaac Vilardel; seis años para Jorge Federico Vilardel; cuatro años para Ana Lucía de los Ángeles Vilardel; y tres años y seis meses para Vilma Griselda Albornoz. Todos están acusados por asociación ilícita y estafas en modalidad continuada. La fiscal solicitó además prisión preventiva para los cinco hasta que la sentencia quede firme.
Las maniobras se habrían ejecutado en oficinas de Salta, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Allí, los llamados “captadores” convencían a nuevos aportantes para sostener el circuito fraudulento, usando el dinero entrante para pagar a los inversores anteriores. La fiscal subrayó que “no existía garantía legal” y que en ningún momento se advirtió sobre los riesgos: “solo se habló de ganancias”.
El rol de los hermanos Vilardel fue calificado como “protagónico y preponderante” por su contacto directo con los inversores. Pese al colapso del sistema en Córdoba, en enero de 2022, la actividad continuó en Salta. “En marzo de ese año, seguían recibiendo dinero aun sabiendo que Cositorto estaba prófugo”, indicó la fiscal.
Uno de los elementos clave en la captación de víctimas fue el uso del coaching ontológico. Según la acusación, Cositorto utilizó esta técnica de comunicación como herramienta de manipulación: “una técnica para manejar el discurso, pero utilizada con fines maliciosos para engañar a los damnificados”.
El juicio se desarrolla en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial salteño, presidido por el juez Martín Pérez e integrado por los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar. Tras un cuarto intermedio, continuará con los alegatos de las defensas.
