Los legisladores avanzaron con iniciativas sobre responsabilidad en servicios de estacionamiento, educación en consumo responsable y notificación fehaciente en cortes de energía.
En su última reunión en la Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos y del Consumidor, presidida por el legislador Gabriel Yedlin, dictaminó un proyecto de ley para regular la responsabilidad de las entidades que brindan servicios de estacionamiento a vehículos particulares. La iniciativa —que unifica propuestas de los legisladores Carlos Gómez y Claudio Viña— establece que los prestadores, tanto en shoppings y supermercados deberán garantizar el cuidado de los automóviles.
Estuvieron presentes en la reunión, además del presidente de la comisión, los legisladores José Cano, Paula Galván, Hugo Ledesma y Gerónimo Vargas Aignasse.
“El proyecto busca equiparar la obligación de los estacionamientos comerciales con la de las cocheras privadas, por más que pongan cartelerías sobre que el prestador no es responsable del vehículo. Esto les dará a los usuarios la posibilidad de reclamar sin tener que judicializar el caso, sino a través de vías administrativas más ágiles”, explicó Yedlin.
En la reunión también se dictaminó un proyecto que unifica iniciativas de José Cano, Silvia Elías de Pérez y otros legisladores, para crear un Programa de Educación para el Consumo en establecimientos de nivel primario, secundario y terciario de Tucumán. La propuesta busca incorporar contenidos sobre derechos de los consumidores en el ámbito educativo.
“Formar a niños y jóvenes en sus derechos como consumidores es fundamental. El objetivo es que, en la medida en que vayamos creciendo, podamos entender cómo defender y cómo saber sobre esos derechos”, señaló el presidente de la comisión.
Finalmente, se avanzó en el análisis de un proyecto remitido por la Defensoría del Pueblo, referido a la necesidad de reglamentar la notificación fehaciente antes de proceder al corte del suministro eléctrico por falta de pago.
“Existen numerosos reclamos de vecinos a quienes se les corta la luz y aducen no haber sido notificados de manera formal. Esto genera enormes dificultades cotidianas”, agregó Yedlin, puntualizando la búsqueda de garantizar mayor transparencia y protección para los usuarios.
