Inicia la cuenta regresiva para el secreto de sumario que rige sobre la causa por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), concluya. La fecha es este jueves 19, cuando las partes podrán saber qué pruebas hay en el expediente, qué posibles acusaciones podría haber en función de las mismas.
Hace veinte días se abrió en Comodoro Py una causa penal que incomoda de forma particular a la Casa Rosada.
Primero tomaron estado público los audios en los que Diego Spagnuolo -ahora extitular de la ANDIS- hablaba sobre un presunto entramado de corrupción que llegaría a las más altas esferas del Poder Ejecutivo.
Un día después de que los audios tomaran estado público, al abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, denunció en la justicia a Javier y Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker, dueño histórico de la droguería Suizo Argentina, supuesta facilitadora en el hipotético circuito de coimas. Sin embargo, hace años Eduardo cedió el manejo de la empresa a sus hijos, Emmanuel y Jonathan.
Todos fueron denunciados por cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública.
Así, con los audios filtrados de Spagnuolo, donde habla de la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos, se inició la pesquisa.
Desde un comienzo la causa quedó delegada en el fiscal Franco Picardi, quien determinó en primer lugar el objeto procesal, el supuesto delito que está bajo estudio.
Ese objeto procesal de la investigación se concentra -por ahora- en poder dilucidar si existieron pagos indebidos que vinculen al organismo público con la droguería, que a su vez es la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.
Desde entonces se realizaron cuatro allanamientos, que iniciaron órdenes de presentación a la droguería, a la ANDIS y a los barrios privados donde viven Spagnuolo y los hermanos Kovalivker.
El secreto de sumario que rige hasta el jueves “fue necesario a para realizar las medidas urgentes para asegurar la prueba que podía ser manipulada”.
Las medidas impulsadas por el fiscal bajo un estricto secreto de sumario fueron de índole patrimonial con el fin de reconstruir la posible ruta de coimas.
¿Qué sospecha la fiscalía? Que la posible estructura pretendía promover ciertos favores comerciales a la Suizo Argentina para que comercialice medicamentos, a cambio de sobornos.
En la conversacionales de Spagnuolo con un interlocutor desconocido que la grabó en algún momento del año pasado y la filtró a un portal el mes pasado, se habla del presunto pago de coimas efectuado por diversos laboratorios y droguerías a la firma Suizo Argentina, de cuyo producido un porcentaje sería entregado a funcionarios públicos.
El secreto sumario concluye este jueves, y sólo podría prorrogarse si hubiera nuevos imputados en la causa. De lo contrario, ese día se conocerán las pruebas se incorporaron, qué rol -por ejemplo- cumple el audio cuyo origen está cuestionado, y en esencia en qué sustentará el fiscal las acusaciones por las que deberán responder los imputados en el marco de una eventual indagatoria.
Para reconstruir la presunta ruta de sobornos, el fiscal Picardi requirió todo el servidor informático de la droguería, sus mails internos y toda la documentación que la vincula con la ANDIS.
Se rastrearon todos los elementos que permitan seguir los movimientos de fondos y los pagos que entre el organismo de discapacidad y la Suizo Argentina.
También se están analizando los contratos de compra de medicamentos, donde se prioriza otra línea de investigación: determinar si hubo sobreprecios en esas adquisiciones y si los procesos fueron bajo las normativas vigentes, o por el contrario si hubo allí un esquema de direccionamiento para beneficiar a la droguería Suizo Argentina.
Esa parte de la causa está en manos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por el fiscal general, Sergio Rodríguez.
