Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario dictado el pasado miércoles y ante la imposibilidad de que lleguen nuevos fondos del Estado nacional en el corto plazo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó a implementar una serie de medidas para garantizar su funcionamiento hasta fin de año, que incluyen recortes en el uso de servicios e instalaciones. Las restricciones se suman a otras disposiciones de austeridad que ya estaban en práctica hacía años.
Las medidas llegaron luego de un anuncio que hizo el jueves pasado el rector Ricardo Gelpi durante una conferencia, en la que sostuvo que la Universidad de Buenos Aires funcionaría «en estado crítico”. Durarán, en principio, hasta fines de 2025.
El primer recorte llegó en la climatización: entre las medidas para reducir gastos, la UBA decidió que ya no se utilizarán los servicios de aire acondicionado frío – calor ni los servicios de gas en las calderas en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes y del acondicionamiento que es necesario que los equipos y la infraestructura tecnológica funcionen correctamente.
Además, se determinó que los ascensores de la Universidad sólo podrán ser usados por personas con movilidad reducida y ante casos de asistencia o emergencia.
Por otro lado, se supeditarán las convocatorias para programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria a la disponibilidad de presupuesto.
En cuanto a las acciones vinculadas por el Programa UBA en Acción, quedaron limitadas a aquellas que sean financiadas por organismos externos a la UBA y/o aportes privados.
Desde la casa de estudios indicaron que las medidas son complementarias de otras que la Universidad ya viene implementando desde hace años.
Algunos de las medidas de austeridad que lleva adelante la UBA incluyen un plan de reducción de alquiler de edificios, la inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía, eléctrica, gas y agua, la readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad y los convenios con otras áreas del sector público que sirven para «complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos».
