El derrumbe de la fuerza parlamentaria de Javier Milei quedó al desnudo esta tarde en la Cámara de Diputados. Con una mayoría arrolladora, la oposición no solo derrotó al Gobierno, al rechazar los vetos al financiamiento del hospital Garrahan y las universidades, sino que también se llevó consigo a los aliados que hasta hace poco lo respaldaban y que ahora lo acusan de falta de escucha y de no devolver gentilezas.
La oposición dio un contundente primer paso para insistir con la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. La primera obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. La segunda logró 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Superaron ampliamente los dos tercios y sumaron adhesiones respecto de las votaciones originales.
Ambos vetos del Presidente se rechazaron con el impulso de los bloques críticos y con el acompañamiento de exaliados del oficialismo.
La Libertad Avanza (LLA) se mostró desde el principio sin herramientas para revertir una derrota. No pudo contener a los gobernadores que solían salir en su auxilio en votaciones claves ni tampoco a muchos de los que llegaron al Congreso de la mano del Presidente, pero que se alejaron tras ser relegados de los acuerdos electorales.
Tampoco pudo contener a los heridos dentro de Pro. Silvia Lospennato, que compitió contra LLA en la Ciudad, votó en contra de los vetos presidenciales. María Eugenia Vidal acompañó la emergencia pediátrica y se abstuvo en universidades.
Las insistencias se girarán al Senado, que tendrá la palabra final. Allí los libertarios se encuentran en una posición extremadamente débil y es improbable que frenen la ofensiva opositora para voltear definitivamente los vetos.
La ley de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También refuerza el sistema de residencias médicas. Define que se financiará con una reasignación de fondos y uso de reservas.
El presupuesto universitario, que prevé actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual. También dispone un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de la recomposición de becas y auditorías de la AGN. Milei ya había vetado una norma similar el año pasado. Según la OPC, el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.
El primer golpe lo dio Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal. Pidió la palabra y mocionó para votar inmediatamente y sin debate las dos leyes vetadas. “Hay que resolver con la mayor celeridad posible el tratamiento de ambas insistencias. Cada uno tiene una posición ya definida. Pido que se vote”, dijo el legislador.
Si bien su moción debería haberse resuelto inmediatamente, Martín Menem recordó el plan de labor y propuso un cuarto intermedio de cinco minutos con los jefes de bloque para definir cómo seguir. El oficialismo buscó dilatar la votación para evitar el revés inmediato. La oposición, en tanto, quiso recortarle el margen al Gobierno para negociar con los gobernadores.
La discusión se saldó. Oficialismo y oposición acordaron un debate conjunto con tiempos reducidos por bloques y dos votaciones por separado de cada una de las insistencias.
La UCR condicionó su acompañamiento a la insistencia de las leyes a la existencia de debate. “Rechazamos los vetos y los vamos a volver a rechazar. Pero también vamos a rechazar esta dinámica dicotómica que sienta muy cómodos al gobierno y al kirchnerismo. No vamos a respetar la anulación de la palabra”, dijo el jefe de bloque del radicalismo, Rodrigo de Loredo.
Definieron una discusión acotada. Quedó habilitado el debate de las dos insistencias con el apoyo de un puñado de legisladores de Pro: Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, José Núñez y Germana Figueroa Casas. Una señal que anticipó el revés del Gobierno.
Estuvieron ausentes legisladores con los que el oficialismo esperaba revertir un resultado adverso: el entrerriano Francisco Morchio, aliado a Rogelio Frigerio; los dos mendocinos que se referencian con Alfredo Cornejo, Pamela Verasay y Lisandro Nieri -que aparecieron en la votación de universidades-; y un alfil del gobernador de Chaco –Leandro Zdero-, el diputado Gerardo Cipolini.
Antes del inicio de la discusión, el jefe de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, intentó contener la ofensiva opositora. Propuso que los aumentos en el Presupuesto 2026 se apliquen antes: en el último trimestre de 2025, es decir, a partir de octubre.
Sin embargo, Danya Tavela (Democracia) advirtió que la propuesta era insuficiente y remarcó que no resolvía la pérdida que padecieron las universidades y sus docentes desde diciembre de 2023.
El diputado Carlos Dalessandro, de Coherencia, anunció que cambiará su voto en sintonía con el oficialismo y anticipó que respaldará la insistencia contra el veto presidencial. “Hemos transitado los pasillos del Garrahan con padres que recorren miles de kilómetros en busca de soluciones. Votar en contra del Garrahan es votar en contra del equilibrio moral”, advirtió. El exlibertario, desplazado del armado de listas en su provincia, buscó golpear y marcar distancia con el oficialismo. “Les volvemos a pedir que cambien la manera de hacer política”, exigió al Gobierno.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López reconoció que “probablemente en algún momento se tuvo que hacer shock”, pero advirtió: “Lo que no puede haber es insensibilidad total ni corrupción en medio de un ajuste”.
En la misma línea, la “lilita” Marcela Campagnoli sostuvo que el veto “es un golpe al corazón del sistema sanitario”. Cuestionó la contradicción oficial: “Llama la atención que un Presidente que se jacta de bajar impuestos acompañe que los médicos paguen Ganancias por las horas extras”.
La diputada salteña Pamela Calletti, aliada al gobernador Gustavo Sáenz, cuestionó la falta de palabra del Presidente y rechazó su estilo de gestión: “No se puede gobernar a base de veto. Este gobierno utiliza la mentira para degradar la institucionalidad. Hoy votamos a favor de las universidades y en contra del veto”.
Desde el radicalismo crítico, Danya Tavela (Democracia) fue breve pero contundente: “Hoy vamos a votar por Argentina, por los jóvenes, por los niños, por los docentes y no docentes, por la universidad argentina, que es la mejor herramienta que construimos en este país para el progreso y la igualdad”. Tavela es una de las autoras de esta iniciativa. Su colega de bancada, Pablo Juliano, remató, en alusión al Garrahan: “Hay un rincón de este país donde nosotros perdemos el miedo por nuestros hijos”.
Pichetto reclamó la falta de voluntad del Gobierno para discutir un Presupuesto que incluyan los reclamos que hoy están en debate. “Es más fácil echarle la culpa a otros; siempre buscan argumentos para descalificar al Congreso en términos de reclamos que son legítimos”, disparó.
De Loredo anticipó su acompañamiento: “Ya el mercado y la sociedad saben, y en buena hora, que es una prioridad el equilibrio de nuestras cuentas. No es necesario sacrificar a los niños para demostrar ese mensaje de equilibrio”.
Una de las defensoras del oficialismo fue Patricia Vásquez (Pro), alfil de Patricia Bullrich. Dijo que “acá se viene a atacar al Presidente” y tildó de “disparate” la discusión. “Se ha desperdiciado la plata y uno de cada tres egresados en la facultad de medicina son extranjeros”, dijo. Recordó que presentó un proyecto para arancelar la universidad pública para todos los estudiantes que no sean argentinos. Silvana Giudici la respaldó, dijo que se trata de “un intento de desestabilización orquestado desde San José 1111 -en alusión a Cristina Kirchner- para que vuelva el tren fantasma”.
La diputada Silvia Lospennato (Pro), que se ausentó en la votación original pero que anticipó que hoy jugará, reclamó al oficialismo reconstruir la confianza y el diálogo político. “Hace dos años que el Gobierno no tiene presupuesto. Entre elegir pasta o pollo, elijo no comer: eso dicen los que se ausentan en las urnas, y hay que escucharlos”, advirtió, y cerró: “Es posible reconstruir mayorías en este Congreso; el desafío es que el próximo presupuesto lo haga con respeto”. Alejandro Finocchiaro la cruzó antes de la votación. Recordó el sistema parlamentario inglés, con bloques enfrentados, y chicaneó a parte de su bloque: “Sería ideal para que algunos se puedan cruzar”.
En representación de UP, Germán Martínez advirtió que se están incumpliendo artículos de la Constitucion Nacional y leyes. “La ley de financiamiento educativo, de educación nacional, de formación técnica profesional, del fondo nacional para la defensa, de financiamiento para la ciencia y la tecnologia”, listó. Tildó de insuficiente la promesa del Presidente de redistribuir partidas en el próximo Presupuesto.
El libertario Santiago Santurio defendió el veto de Milei. Lo hizo con una remera que decía Freedom, la misma que llevaba Charlie Kirk al momento de su asesinato. “Esto no es un parche, es un ancla que nos hunde”, dijo. “Desordena las cuentas, rompe el equilibrio fiscal y trae decadencia; seamos responsables, entendamos que ahora estamos planteando un remedio peor que la enfermedad”, consideró.
Inicio
El quorum se consiguió con 132 legisladores sentados en sus bancas, sin los libertarios ni la mayoría de Pro. En los alrededores del Congreso se congregan médicos, universitarios, partidos opositores, gremios y piqueteros para presionar por la insistencia de las leyes.
En una señal de la absoluta pérdida de control del recinto por parte de los libertarios, la sesión la abrió Cecilia Moreau vicepresidenta 1° de la Cámara. Martín Menem, el titular, se retrasó y la diputada de Unión por la Patria tomó su lugar. El peronismo aplaudía a rabiar. Minutos después, cuando Menem recuperó el estrado, se saludaron afectuosamente.
Después del tratamiento de las dos insistencias, la sesión continuará con una serie de emplazamientos a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, para que dictamine antes de fin de mes.
Uno de los más relevantes es el que busca limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta central del gobierno de Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado. El oficialismo apunta a que la sesión se caiga antes de tratar este tema. Apuesta a dilatar esta discusión para evitar que este proyecto prospere antes del cierre del año parlamentario, el 30 de noviembre.
Los vetos
El Gobierno trató de evitar una derrota. En la previa de la sesión, utilizó la única herramienta que le quedaba: desempolvar la billetera y repartir fondos a las provincias. Lo hizo el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, que giró $12.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN): $3000 millones a Entre Ríos, $2500 millones a Chaco, $4000 millones a Misiones y $3000 millones a Santa Fe. La mayoría de los legisladores que responden a estos mandatarios provinciales se abstuvieron o faltaron. Ninguno votó con el Gobierno.
Por cadena nacional, el Presidente intentó dar la estocada final con anuncios de aumentos para universidades y hospitales pediátricos, entre otros sectores en pie de guerra. Sin embargo, la disputa no quedó saldada.
Es que, además de poner en duda que sea real el aumento prometido por Milei, un día antes de enviar fondos a cuatro gobernadores la Casa Rosada recortó en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales y le rebanó a las provincias casi $130.000 millones en transferencias corrientes y de capital para obras públicas.
Decretos bajo la lupa
El tercer capítulo de la sesión estará marcado por el inicio del trámite para rechazar decretos delegados y de necesidad y urgencia impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Si la oposición reúne mayoría simple, las iniciativas pasarán al Senado.
En esa lista figura el decreto 396/25, que reestructura el Instituto Nacional del Agua y fusiona el Inpres con el Segemar.
También se revisará el DNU 62/25, que modificó la Ley de Identidad de Género para restringir el acceso a intervenciones quirúrgicas y hormonales de adecuación exclusivamente a mayores de 18 años.
Otro texto bajo examen es el decreto 383/25, que convirtió la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Seguridad.
Finalmente, se pondrá a votación el decreto 446/25, que establece un nuevo estatuto de la Policía Federal, orientado a delitos federales y complejos, que retira funciones de seguridad local en la ciudad de Buenos Aires y proyecta un plan de modernización con una reducción en el número de ingresantes.
