El Gobierno ha promulgado la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero ha decidido suspender su aplicación. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, establece que la ley no entrará en vigor hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los costos, que según el Ejecutivo, superan los $3 billones y representan el 0,35% del PBI.
El Gobierno, a través del Decreto 681/2025, argumenta que la ley no puede ser ejecutada debido al impacto fiscal que tendría en las cuentas del Estado. El Ejecutivo señala que el Congreso «omitió indicar de manera fehaciente» cómo se financiarán los gastos, en contraposición con lo que exige la Ley de Administración Financiera.
El Gobierno estima que la implementación de la ley generaría un gasto de $3.019.508.900.000. Este monto incluye la creación de nuevas pensiones, el costo de la cobertura médica y la compensación a los prestadores de servicios. Desde la administración de Javier Milei advierten que el presupuesto actual no cuenta con los créditos suficientes para afrontar estos gastos.
El Poder Ejecutivo ha comunicado formalmente la situación al Congreso, instándolo a que adopte las medidas presupuestarias necesarias para que la ley pueda ser puesta en marcha. La decisión del Gobierno se basa en la premisa de que solo el Poder Legislativo puede autorizar un aumento total del monto del presupuesto para cubrir la totalidad de los costos.
