El juez federal Santiago Inchausti procesó a los directivos y miembros de dos grupos económicos marplatenses que funcionaron como «lavadores profesionales», encargándose de encausar operaciones para enmascarar activos proveniente de la corrupción kirchnerista, entre otros hechos de la famosa causa Cuadernos, y del narcotráfico, los que administraron, transfirieron y blanquearon para convertirlos, entre otros bienes, por ejemplo, en lujosos departamentos en Miami. Pero no irá preso nadie.
En su detallada resolución, de 243 fojas, Inchausti imputa a los integrantes de las financieras Jonestur y Transcambio de conformar una asociación ilícita con ramificaciones internacionales, y los procesa por presunta intermediación financiera no autorizada en concurso real con los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad.
El dinero, además de la corrupción kirchnerista, validada en la investigación a partir de elementos incorporados de la causa N° 17.459/2018 caratulada “Muñoz, Héctor Daniel y otros s/ lavado de activos», y proveniente del narcotráfico y la trata de personas, también, los ingresaban en canales integrados por empresas y fideicomisos y terminaban transfiriéndolo a cuentas en el exterior.
Según reconstruyó la Justicia en la causa que instruyó la fiscal federal Laura Mazzaferri, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la operatoria se llevó adelante en Mar del Plata, sedes de las financieras, en Buenos Aires, en Andorra y en Panamá.
Así, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido en agosto de 2020, que manejó durante años millones de dólares sin declarar, pudo ocultar su fortuna en el exterior en maniobras en las que participó su viuda, Carolina Pochetti, y uno de sus principales testaferros, Sergio Todisco.
«El circuito del dinero llevado por Todisco a Jonestur queda acreditado íntegramente desde el momento en el que ingresa a las oficinas de Mar del Plata , desde allí se transfiere a Andorra, luego el movimiento es Andorra–Andorra (a la cuenta a su nombre) y desde allí Andorra–Estados Unidos donde se concretan operaciones inmobiliarias cuyo beneficiario final era el mismo Sergio Todisco. Es decir, todas las etapas propias de la maniobra de lavado de activos se cumplieron íntegramente», dice el escrito.
Los volúmenes de dinero que manejaron entre las dos financieras son descomunales. De hecho, el juez embarga a los principales imputados por $50.000 millones y para los imputados con participación secundaria fijó sumas de entre $20 millones y $5 millones.
«Los elementos incorporados a esta investigación de la causa conocida como Cuadernos corroboran parte de las maniobras llevadas a cabo por el Grupo Jonestur, quienes en forma organizada desde esta ciudad de Mar del Plata, recepcionaban dinero en efectivo proveniente de actividades ilícitas de la corrupción, para luego transferirlo a las cuentas a nombre de sociedades panameñas en la Banca Privada de Andorra de las que eran beneficiarios finales», explica la resolución.
Indica que posteriormente, desde Andorra, «efectuaban movimientos de dinero hacia cuentas propias de los clientes, -abiertas en algunas oportunidades al solo efecto de transferir dinero- y así efectuar envíos a cuentas en el exterior, en este caso particular hacia los Estados Unidos de América».
De acuerdo a lo expresado por la instructora -indica el juez- podemos concluir que «el grupo económico, funcionando como lavador profesional, utilizó sus plataformas para enmascarar activos provenientes de la causa conocida como Cuadernos.
Al mismo tiempo, Inchausti aclara que «como lavadores profesionales», las conductas descriptas «resultan independientes de aquellas que generaron los activos ilícitos y de quienes las lavaron recurriendo a sus servicios y ocurrieron, como resulta obvio, en la ciudad de Mar del Plata.”
Los procesados, en caracter de jefes u organizadores de la asociación ilícita, en el caso de Jonestur, son Oscar Rigano, Ruben Seret, Alfredo Blasco García, María Fernanda García Navarro; María Isabel Ramaglio, Belén Cardoso y Juan Carlos García Navarro, en calidad de miembros; Alejandro Ramaglio, Gabriela Raquel García Navarro, José Ramón García Suárez, Marina Irazoqui y Soledad Irazoqui por el delito de lavado de activos agravado por habitualidad.
También fueron procesados Rolando Gabriel Todaro, quien sería nexo entre las dos organizaciones financieras, por asociación ilícita; el comisario retirado de la Policía Bonaerense, Gerardo Julio Gómez, por encubrimiento por omisión de denuncia agravado.
Inchausti, por el caso de Transcambio, amplió además el procesamiento de Sergio Fares, candidato a intendente por el Frente para la Victoria en 2007, por lavado de activos agravado y asociación ilícita, y dictó, por los mismos delitos, los de Jorge Armando Vattuone, Santiago Vattuone y Andrés Vattuone. También procesó a Hernán Julio Vela, Marcelo Cardellino, Gustavo Dip Ventureyra, Jorge Grouman, Gonzalo Acquila Rowlands, Gerardo Irigoin, Agustin Cersósimo, Tomás Huanco, Jorge Tuduri y Ana María De Rosa; a Miguel Angel Amalfitano le imputa solo el delito de lavado.
Las figuras delictivas alcanzan tanto a organizadores y jefes como a los miembros de estas estructuras. Inchausti sostuvo que actuaron de manera “continua, reiterada y organizada”, hechos que refuerzan la gravedad de la acusación.
De todos modos, pese a la magnitud del caso, cuya denuncia se radicó en octubre de 2014, el juez Inchausti dispuso que los procesamientos se lleven adelante sin prisión preventiva, al considerar que sin perjuicio de la pena en expectativa no se configura un peligro de fuga, dado que los imputados han estado ajustados al proceso desde el inicio de la causa, y entiende que no intentarán eludir o entorpecer la investigación ya que se produjeron las medidas más urgentes y necesarias.
