A pesar de la convulsión que atraviesa la economía y un mapa electoral polarizado, el Gobierno continúa entusiasmando al sector privado con las reformas de «segunda generación» que propone el presidente Javier Milei, en caso de que el oficialismo sea convalidado en las urnas en octubre.
En ese sentido, y como clave en el diálogo que busca incentivar con los gobernadores, el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) y la necesidad de implementar «actualizaciones» se vuelve protagonista.
Lisandro Catalán, titular de la cartera de Interior, lo mencionó como un aspecto central en la relación que teje con los representantes de las provincias mineras, al Noroeste (NOA) y sur de la Patagonia; las petroleras, en el cordón que rodea Vaca Muerta y las que producen biocombustibles, en el centro del país.
«El diálogo con la inmensa mayoría de los gobernadores es bueno y esto es positivo porque tenemos intereses comunes«, dijo durante su paso por el Agribusiness Forum 2025 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), y aseguró que «si a la Nación le va bien a las provincias también y viceversa».
El funcionario aseguró que existe una agenda en común y que trabaja en generar «un programa legislativo y de gestión entre los ejecutivos de la Nación y las provincias después del 26 de octubre».
En ese sentido, apuntó al RIGI que «está generando inversiones» y «movilización de recursos, comercio, servicio»; sin embargo marcó que «para que sea sustentable en el tiempo necesitamos adecuar la legislación laboral, impositiva, marcar las potestades de recaudación entre Nación y las provincias».
En sentido similar se refirió al RIGI Juan Ignacio Stampalija, sub Procurador del Tesoro de la Nación, en el marco del Arbitration Day que organizó la Cámara Argentina de Comercio (CAC) junto a ICC Argentina, días atrás.
El funcionario asumió que «el RIGI fue un sistema de emergencia» y aseguró que es necesario un proceso de «modernización administrativo» que incluye «dar un paso más, una segunda etapa»; en esa línea mencionó el Código Contenciosos Administrativo, entre otras normativas del funcionamiento del Estado.
Desde su instrumentación seis de los siete proyectos de inversión aprobados bajo el nuevo régimen ya habían sido anunciados antes de su existencia, señala un relevamiento del Instituto Argentina Grande. Respecto al monto total de inversión comprometida, indica que solo el 2,8% corresponden a anuncios posteriores a la implementación del RIGI.
En relación a las decisiones hacia adelante Catalán apuntó al Consejo de Mayo que funciona bajo la órbita de Guillermo Francos. «Es una usina de ideas para reformas trascendentes para el orden económico de la Argentina que viene, que es fundamentalmente después de octubre».
«Nuestro objetivo es ir al Parlamento con una representación del oficialismo mucho más nutrida, con diputados y senadores propios más aliados; estar más cerca de marcar la agenda parlamentaria para dar pie a las reformas de segunda generación», dijo Catalán.
En ese sentido, explicó que «seguir con una legislación laboral tan rígida no solamente conspira contra los intereses de trabajadores sino contra el sistema previsional por la falta de trabajadores que aporten al sistema, y con eso aliviar el déficit fiscal que producen las jubilaciones».
A la par, agregó que «no hay federalismo posible si no hay federalismo impositivo» y señaló que «las «los gobernadores no tienen que venir a la Nación a pedir obras, provincias tienen que ser conductoras de su propio destino».
Sin embargo, tanto las modificaciones al RIGI o las reformas que pueden robustecer el mecanismo para atraer grandes caudales de inversión, deben pasar por el Congreso y, para que esto prospere, La Libertad Avanza, debe conseguir un fuerte respaldo en las elecciones legislativas.
