A poco más de cumplirse un mes de la salida de Diego Spagnuolo de ANDIS en medio del escándalo de los audios, la causa que tramita en la Justicia podría ampliar su alcance de los contratos de la Suizo Argentina -que sigue interviniendo como oferente en varias licitaciones- hacia otras empresas. Mientras tanto, la intervención sigue adelante en manos del Ministerio de Salud con un primer balance de acciones en curso.
La investigación del fiscal Franco Piccardi se centra hoy en los contratos emanados desde ANDIS, bajo el marco de «posibles maniobras de corrupción pública«. Pero aunque en una primera etapa el foco de la atención está puesto en la participación de la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, no se descarta que la causa derive hacia otras empresas con licitaciones estatales en el mismo rango de tiempo.
De momento, el alcance de la pesquisa se limita a las presuntas irregularidades cometidas en el ámbito de ANDIS entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, durante la gestión de Spagnuolo. Acorde al expediente, «estos sucesos habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, y en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad».
Una parte primaria de este esquema que se busca desentrañar focaliza en el rol que le cupo a la Suizo Argentina en la «recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional«, a partir de la participación en «procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios/as públicos/as». Así consta en el expediente.
Pese a ello, no descartan indagar en otras contrataciones, por fuera de la empresa de los Kovalivker, conforme avancen en la investigación. Todavía es muy reciente y el volumen de información que los investigadores copiaron de los servidores de ANDIS durante poco más de un día de allanamiento aún no termina de ser procesado. Desde el Poder Judicial negaron que el material secuestrado durante el operativo haya sido devuelto a la agencia aún.
En la actualidad, la droguería Suizo Argentina sigue participando de al menos diez procesos licitatorios en curso, en algunos de ellos, como único oferente. También mantiene contratos con diversas áreas a partir de contratos ya adjudicados, aunque ello no signifique que se hayan adquirido de forma irregular. De hecho, el propio Ministerio de Salud tiene vigente un contrato de logística para la distribución conservada de vacunas a las provincias.
Desde la Coalición Cívica reclamaron como medida precautoria que se suspenda la participación de la droguería en una decena de licitaciones de Salud, la Policía Federal y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En una presentación fechada el 24 de septiembre advierten sobre la «grave posibilidad de la consumación de potenciales delitos en contrataciones públicas» y solicita medidas urgentes para evitar que se adjudiquen esos contratos en los que la empresa aparece como competidora.
El escrito subraya que en todos los procesos relevados Suizo Argentina figura como oferente, en algunos como único participante, lo que aumenta el riesgo de adjudicación directa en esos expedientes. Por caso, en el 80-0020-CDI24, destinado a la compra de Enzalutamida de 80 mg, la compañía presentó la única oferta por $436 millones, lista para ser adjudicada. Algo similar ocurre con el 80-0021-CDI25, orientado a la adquisición de Cetuximab 500 mg, donde Suizo Argentina ofertó $2.816 millones, actualmente en etapa de apertura
El abanico se amplía con procesos en evaluación vinculados a medicamentos oncológicos. En el 80-0013-LPU25, la droguería ofertó por $409 millones, en un pliego que involucra a más de una decena de laboratorios y supera los $2.000 millones en total. En el 80-0014-LPU25, también de fármacos oncológicos, su propuesta asciende a $686 millones, compitiendo con multinacionales como MSD, Elea Phoenix, Varifarma y Richmond.
Los expedientes alcanzan incluso áreas sensibles como la Policía Federal Argentina. En el 487-0059-LPU25, para medicamentos hormonales con cadena de frío, la empresa ofertó $1.845 millones, con el proceso pendiente de adjudicación. En el 487-0056-LPU25, vinculado a anticuerpos monoclonales, la propuesta fue de $549 millones, mientras que en el 487-0057-LPU25, para quimioterápicos con cadena de frío, el monto ofertado trepa a $917 millones, todos aún en evaluación
La lista no termina allí. El 487-0062-LPU25, de medicamentos de alto costo, tiene a Suizo Argentina en carrera con una oferta de $461 millones; y en el 38/38-0183-LPU25, el Hospital Naval Pedro Mallo busca adquirir soluciones fisiológicas y Ringer Lactato, donde la droguería presentó una propuesta por $133 millones. En paralelo, figuran otros expedientes en curso como el 487-0043-LPU25, de ropa descartable para el Complejo Médico Churruca-Visca, donde su oferta alcanza los $310 millones, ya en etapa de preadjudicación.
La denuncia preventiva recuerda que el Decreto 1023/2001 habilita al Estado a rechazar ofertas de compañías involucradas en sobornos y que la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas prevé hasta diez años de inhabilitación para contratar con el sector público. También señala que antes de la adjudicación los oferentes no tienen un derecho adquirido, lo que faculta a la Administración a suspender o cancelar procesos por razones de interés público
Más allá del aspecto jurídico, la advertencia apunta al costo institucional de permitir que una firma señalada por «graves delitos dolosos contra el Estado» siga compitiendo por licitaciones de alto impacto económico y sanitario. Con expedientes que rondan los $8.000 millones en juego, la resolución del Gobierno marcará un precedente clave sobre el compromiso de la gestión con la transparencia en la compra de medicamentos e insumos estratégicos.
Mientras tanto, la intervención a ANDIS continúa su curso sin resultados definitivos aún que mostrar sobre la auditoría ni el sumario interno bajo el escrutinio de la SIGEN. Desde el entorno de Lugones sostienen que solo se darán a conocer una vez finalizada la tarea que se le encomendó ahora a un hombre de confianza del ministro, Alejandro Vilches.
No obstante, trascienden algunos datos sueltos sobre el relevamiento y la baja en las pensiones por invalidez a la que se le dio continuidad ya que el proceso era anterior al arranque de la intervención. Acorde a fuentes oficiales ya se registraron 1.054.580 casos. A la par, se dieron de baja hasta el 26 de septiembre por fallecimiento y renuncias unas 81.159 pensiones y se suspendieron otras 104.181. Con esto, describen desde Salud, se ahorraron $463 mil millones.
A un mes de la intervención dispuesta por el Decreto 601/2025, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) puso en marcha un plan de acción en tres frentes: auditoría integral, reordenamiento interno y mejora de la atención a los beneficiarios. También se evalúa la gestión del organismo, el marco legal de las adjudicaciones del Programa Incluir Salud y el funcionamiento del sistema SiiPFIS, utilizado para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
En paralelo -explican desde el Ejecutivo- se redefinen funciones del personal y se implementan convenios para optimizar recursos, como el cruce de datos con RENAPER para validar identidades digitales. Y en un trabajo conjunto con la Secretaría de Innovación se apunta a digitalizar procesos y eliminar el uso de papel para agilizar los trámites.
Al mismo tiempo, se ideó un botón en la web de ANDIS para que los beneficiarios puedan actualizar domicilios de forma on line tras detectar que varias direcciones postales estaban desactualizadas y eso impedía notificar a los beneficiarios. En este sentido, hubo dos amparos en Catamarca y Formosa a los que la Justicia dio curso para restablecer todas las suspensiones en esos territorios.
En Córdoba y Neuquén se sigue el mismo camino judicial al igual que en CABA donde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Azul y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -con el patrocinio jurídico de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata- presentaron su propio amparo colectivo. En este último caso, con alcance nacional, aunque todavía deben aceptarles en tribunales la legitimación de representación para los casos en todo el país.
