El juicio político que podría poner fin a la carrera de la jueza Julieta Makintach comenzará el 6 de noviembre. La magistrada quedó bajo sospecha por su participación destacada en el documental Justicia Divina, un proyecto audiovisual que iba a centrarse en las alternativas del proceso donde se intentaba determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Maradona, debate del que ella formaba parte.
Así lo informaron fuentes con conocimiento de las alternativas del jury. En las últimas horas, las partes del proceso comenzaron a recibir las notificaciones para la primera audiencia.
“Atento el estado de los presentes autos ”S. J. 730/25 Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro y subrogante del TOC N°3 [del mismo departamento judicial] s/Coria, Julio César. Denuncia y acums. [sic], corresponde convocar a quienes integran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios [Judiciales] para el día 6 de noviembre próximo, a las 9, en el edificio anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires Alberto Ballestrini, a fin de celebrar el debate oral y público de conformidad a lo establecido en el artículo 38 concordantes de la ley 13.661 (texto según ley 15.031)» se sostuvo en la notificación firmada por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
El jurado que estará a cargo de evaluar la conducta de Makintach será presidido por la jueza Kogan e integrado por los conjueces legisladores: Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR-Cambio Federal); la diputada Abigail Gómez, de La Libertad Avanza (LLA); el senador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP).
Los conjueces abogados (con matrícula provincial) que salieron sorteados fueron Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini, del Colegio de Abogados de La Plata; Fabián Ramón González, de Morón, y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
En junio pasado, después de que el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Maradona se declarara nulo, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una denuncia contra la jueza Makintach ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.
A lo largo de 38 páginas, el procurador general bonaerense enumeró “nueve conductas desplegadas” por Makintach, que a continuación se detallan:
“Autorizó irregularmente el acceso de un grupo de personas al edificio de los Tribunales de San Isidro un día domingo y por la puerta asignada a los magistrados, a fin de realizar tomas y fotos para el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona [que finalmente fue declarado nulo].
Habilitó a un grupo de personas para que, de manera furtiva y clandestina, tomaran registros fílmicos del debate oral, con el único fin de realizar una miniserie.
Violó la prohibición de grabar o filmar el debate, situación impuesta por el Tribunal que ella misma integraba.
Abusó de su condición de magistrada para evitar que personal policial pudiera cumplir con su labor de tratar de impedir que terceros, autorizados por ella, filmaran la audiencia de debate.
Sin autorización alguna, utilizó los recursos (materiales y humanos) del erario público (instalaciones del edificio de tribunales y personal afectado a la custodia del debate), con fines estrictamente profesionales.
Mintió de forma deliberada y recurrente, tanto a la prensa nacional e internacional, como ante sus pares del Tribunal, partes, abogados, prensa acreditada y público en general, al negar su participación en un documental.
Afirmó sistemáticamente su ajenidad a cualquier irregularidad, aun cuando fue confrontada por el representante del Ministerio Público Fiscal [por el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari] quien exhibió las imágenes que la tenían como protagonista.
Incurrió en “parcialidad manifiesta”, conducta que llevó, inexorablemente, a la declaración de nulidad del proceso.
La repercusión social del escándalo y el perjuicio a la imagen del Poder Judicial. En este último punto, el noveno, Conte Grand enumeró una serie de notas periodísticas publicada por medios nacionales e internacionales.
En la página 25 de su denuncia, Conte Grand recordó: “El agravio fue tan notorio que todas las partes intervinientes (Ministerio Público Fiscal, imputados y particulares damnificados) coincidieron en anular lo actuado hasta el momento, petición a la que hicieron lugar los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso».
A fines de agosto pasado, por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires declaró admisible la acusación contra Makintach.
La consecuencia inmediata de la decisión de los jurados fue la suspensión de la magistrada. A partir de ese momento, a Makintach le comenzaron a descontar el 40 por ciento del sueldo.
Una semana antes, Makintach había presentado un escrito de defensa donde involucró a sus colegas del TOC N°3 de San Isidro, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino.
“No hubo filmación prohibida, sino que se trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal. Las decisiones se adoptaron colegiadamente, de manera conjunta con los doctores Di Tomasso y Savarino, tanto de modo de diálogo presencial como por chat de WhatsApp. No existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino, por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas, por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional”, sostuvo en el escrito presentado por su abogado Darío Saldaño.
Después hizo referencia a Justicia Divina, el proyecto audiovisual que derivó en que el juicio que intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Maradona se declarara nulo.
“El potencial o eventual documental, una idea gestada, realizada y planificada por personas distintas a la doctora Makintach no ventilaba ninguna cuestión o incidente vinculado al desarrollo del debate. Makintach solo aceptó -a propuesta de una amiga del colegio conocida desde la infancia – dar una entrevista previa al inicio del juicio, en el ámbito tribunalicio [sic], un día inhábil [domingo 9 de marzo], lo que no provoca afectación a su labor diaria judicial. Sostener que alguno de sus actos o comportamientos adoptados durante el debate se encontraba ´guionado’ o motivado en razones distintas a aquellas estrictamente jurídicas y procesales es una especulación malintencionada sin ningún sustento fáctico probatorio capaz de darle crédito alguno a esa posibilidad», se afirmó en el escrito.
