Los Camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron como razonables los argumentos del Magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, quien en días pasados califico como improcedente el requerimiento del Diputado Maximiliano Ferraro para que diversos funcionarios declaren como testigos ante la comisión que encabeza por la investigación por la supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA.
En ese marco, miembros de la Sala II de la Cámara Federal porteña desestimaron de forma unánime la intención del legislador de la Coalición Cívica de llevar al Congreso de la Nación para que Alejandro Melik, cabeza de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, responsable de la unidad de investigación creada por el propio Poder Ejecutivo, declaren en calidad de testigos.
En su resolución, los jueces de la Sala I del tribunal de alzada, advirtieron las diferencias que, “por naturaleza y esencia, separan y distinguen a una investigación de carácter político desarrollada por una comisión legislativa con un proceso de índole penal en sentido estricto”.
Por otra parte, destacaron que el magistrado Martínez de Giorgi priorizó “la salvaguarda de las garantías que amparan a las personas cuya convocatoria se pretende”, más allá de toda reglamentación dispuesta por una comisión legislativa.
Finalmente, los camaristas concluyeron que el pedido de la comisión no apunta a ser colaborativa como sostuvo, “sino de una decisión respecto a una medida coercitiva que excede el ámbito de actuación jurisdiccional y solo puede ser adoptada en el marco de un proceso penal”.
En su fallo, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, consideró que la comisión «carece de competencia» para dictar una orden de esa índole donde además pretendía también llevar a declarar a través del uso de la fuerza pública al titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emiliano Silva.
