El titular de la empresa Rayo Bus SRL, Sergio Gómez Sansone, denunció haber sido víctima de presiones gremiales y empresariales luego de que el Gobierno provincial confirmara la caducidad del servicio de la Línea 131, que la firma compartía con la empresa Nueva Fournier. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Transporte tras más de cincuenta días de inactividad del servicio, que afectó a los usuarios de la zona norte de la Capital.
Gómez Sansone explicó que el conflicto comenzó con una suspensión de dos días por parte de los choferes y que, tras sucesivas sanciones, la empresa nunca volvió a operar. Dijo que se trató de una situación “inexplicable” y que el desenlace no lo sorprendió, ya que —según su versión— hechos similares habían ocurrido anteriormente con otra de sus compañías. Afirmó que la caducidad responde a un trasfondo de denuncias por irregularidades y supuestos actos de extorsión gremial, y que el traspaso del servicio a la firma Nueva Fournier fue decidido sin una razón técnica ni administrativa clara.
El empresario sostuvo que la empresa estaba en regla, con todas las inspecciones aprobadas y sin deudas fiscales. Aseguró que los trabajadores fueron presionados por el gremio para trasladarse a otra compañía y que se negaron a hacerlo. “Nos tuvieron un mes parados para extender la agonía”, planteó al describir la inactividad que derivó en la resolución de baja. Según su relato, Rayo Bus llevaba adelante el traslado diario de más de tres mil alumnos y quinientos docentes, recorriendo unos doce mil kilómetros por día.
Gómez Sansone considera que la decisión fue un atropello a los derechos empresariales y anticipó que iniciará acciones legales para revertir la medida. Dijo que su objetivo es demostrar ante la Justicia que la compañía cumplía con todas las obligaciones y que fue desplazada por motivos ajenos a su desempeño. También deslizó que podría existir una maniobra política o corporativa detrás de la adjudicación a otra empresa, aunque evitó señalar responsables y sostuvo que dejará todo en manos del Poder Judicial.
Desde el Gobierno, la Secretaría de Transporte informó que la caducidad se aplicó por incumplimiento del contrato y por la prolongada falta de prestación del servicio. El área trabaja en la reestructuración del recorrido para garantizar la cobertura a los usuarios y se prevé que otra empresa asuma la operación en los próximos días. Mientras tanto, vecinos de la zona norte siguen reclamando por la ausencia de colectivos y esperan que la situación se normalice cuanto antes.
