Los gremios docentes y no docentes universitarios de todo el país iniciaron este miércoles un paro total por 72 horas, en reclamo de mejoras salariales y la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, ante lo que califican como “una falta de respuestas del Gobierno nacional” en materia de salarios y presupuesto educativo.
“Ante el deterioro salarial y la falta de respuestas del Gobierno nacional, la federación exige la convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, expresaron desde Conadu Histórica a través de un comunicado oficial.
La huelga, que se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, afecta el dictado de clases, tareas administrativas y actividades académicas en las universidades nacionales. Además, las federaciones advirtieron que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse comprometido si no se avanza con la aplicación de la ley y la apertura de la negociación salarial.
Desde Conadu, señalaron que el Frente Sindical Universitario prepara una presentación judicial para exigir la apertura de las paritarias, argumentando que la gestión de Javier Milei “incumple con las obligaciones establecidas por la legislación vigente”.
Qué piden las universidades
- Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la asignación de fondos garantizados para el funcionamiento de las universidades públicas.
- Urgente convocatoria a la paritaria docente nacional, con el fin de actualizar los salarios frente a la inflación acumulada.
- Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas adeudadas a los trabajadores del sector.
- Aumento del presupuesto para infraestructura universitaria, destinado al mantenimiento y mejora de los edificios educativos.
Los sindicatos remarcaron que la falta de aplicación de la ley pone en riesgo la continuidad de programas de investigación, extensión y becas estudiantiles, así como el normal funcionamiento de las instituciones. “No se trata solo de salarios, sino de garantizar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad”, señalaron los dirigentes gremiales.
Mientras tanto, desde el Gobierno aún no hubo una respuesta oficial a los reclamos. En las próximas horas, se prevé la realización de asambleas informativas y movilizaciones en distintas universidades del país para reforzar el pedido de diálogo y cumplimiento de la ley.
