Después de 23 meses furiosos, que se volvieron desmesurados, el Gobierno ingresó en una etapa desconocida de tranquilidad, ausencia de sobresaltos extremos, avances y noticias rutilantes. La hora de hacer los deberes empezó. Del proceso de destrucción hacia la construcción.
En este contexto, llegó el anuncio del “Acuerdo marco para profundizar la relación bilateral” entre la Argentina y los Estados Unidos, que difundió la Casa Blanca y que el Gobierno celebra como un triunfo y un premio a su alineamiento con Trump, que el documento resalta.
El anuncio que había sido anticipado sin ningún detalle el lunes para marcar la apertura de la semana con buenas noticias confirma que el Gobierno está decidido a hacer las tareas que sean necesarias para obtener las promesas de inversiones que surgen de ese alineamiento, así como para cumplir con compromisos ya antes refrendados, sobre todo al momento de recibir el rescate preelectoral estadounidense.
Por otra parte, exhibe la decisión de los Estados Unidos de poner pie en la región y hacer algunas concesiones en el plano del intercambio comercial con aquellos que se alineen, pero que también acepten una serie de condiciones relevantes. Y, como se interpreta de uno de los puntos de lo acordado busca complicarle el acceso a productos de origen chinos. Algunas zanahorias, mientras les muestra el palo a los díscolos.
El acuerdo firmado con la Argentina es similar a los que Estados Unidos firmó en la misma jornada con Ecuador, Guatemala y El Salvador. “Con el objetivo de alcanzar una asociación comercial más sólida y equilibrada”, dice el texto bilateral.
Los cuatro acuerdos apuntan a que los países latinoamericanos abran sus mercados a los productos y a las inversiones estadounidenses, junto con un alivio arancelario y para-arancelario para productos de estas naciones. Al mismo tiempo, busca proteger a algunos sectores de la industria norteamericana de la competencia ilegal o desleal de terceros países. Mientras atiende su patio trasero, Trump no descuida el frente interno. Ya tuvo bastantes sobresaltos domésticos con la intervención financiera en la Argentina para rescatar la gestión de Milei, antes de las elecciones.
Para ello establece compromisos que dejan claro que la relación no es simétrica. Una invitación a asociarse a un club cuya presidencia fija reglas estrictas para acceder a los servicios que ofrecería la membresía, acorde con el poder y las necesidad de cada uno. ¿El primer paso formal de lo que el politólogo Andrés Malamud llamó “una invitación al desarrollo”? Las respuestas de los expertos no son unánimes respecto de los beneficios y consecuencias.
De todas maneras, según fuentes diplomáticas y especialistas en relaciones internacionales −incluso de la oposición peronista−, un punto a favor es que el acuerdo, además del estrechamiento de la relación bilateral, no traería conflictos ni afectaría el intercambio con los dos primeros socios comerciales de la Argentina, como son Brasil y China.
Un primer análisis también deja claro que el acuerdo es el fruto de ese alineamiento y que ofrece oportunidades para la Argentina, pero que también refleja que todavía el país y el Gobierno, en particular, tienen muchos deberes por hacer.
Para empezar, desde lo numérico se puede contabilizar que la Argentina asume el doble de compromisos que los Estados Unidos, aunque algunas fuentes diplomáticas más estrictas consideran que la relación es de 5 a 1 en cuanto a obligaciones y que hay un tercio que son compartidas. El Gobierno justifica esa diferencia en las rémoras de país anti libre mercado heredado que, como se sabe, incluyen prácticas, leyes y restricciones que conspiran contra el libre comercio, consideradas como causales centrales de la decadencia argentina.
También se admite que los compromisos de uno y de otro país son de distinta naturaleza. Las asimetrías, así como la necesidad de adecuar normas, políticas y prácticas, están más que claras. Por un lado, operan como impulso para las reformas estructurales que el Gobierno debe y quiere encarar, según muchos. Desde otra perspectiva, son una exigencia ineludible de cumplimiento obligatorio y de resultado abierto. Manos a la obra, es el imperativo.
Así, para Javier Milei es este un momento contracultural en lo personal y en lo funcional. Él llegó a la vida política y la Presidencia agitando los ánimos, fabricando enemigos y demoliendo estructuras, o, al menos, prometiendo hacerlo y en algunos casos pareciendo que lo hacía. Y en ese terreno no han sido pocos los logros, empezando por la batalla ganada hasta acá al endémico déficit fiscal y en el combate a la inflación, a la que redujo drásticamente a niveles tolerables, aunque no termine de domarla, como acaba de demostrarse.
Entre las tareas que toca afrontar y a las que ya está abocado el Gabinete renovado y homogeneizado, se destaca en primer lugar la necesidad de articular un nuevo sistema de alianzas y apoyos políticos que le dé la sustentabilidad política para afrontar con éxito la parte final de su mandato, que demanda la sanción de leyes cruciales (no solo de reformas).
El flamante acuerdo con los Estados Unidos las vuelve más urgentes, pero al mismo tiempo da lugar a nuevas discusiones, según las interpretaciones que hagan los aliados que deben aportarle sus votos. Esas discusiones empezarán en el debate por el presupuesto, previsto para después del 10 diciembre, con la nueva conformación del Congreso surgido de las elecciones del 26 de octubre.
Las primeras reacciones, y ante un análisis muy preliminar, sin conocimiento de ninguna letra chica −que no se ha develado−, llevan a presuponer que el Gobierno contaría con el apoyo suficiente para avanzar, pero la letra chica del convenio puede impactar en el vínculo con los gobernadores y legisladores.
En algunos casos el acuerdo tendría un efecto positivo, sobre todo en algunas provincias donde predominan las actividades extractivas, mientras que en otras podría generar algún resquemor o demandas de salvaguardas. Por ejemplo, donde hay un desarrollo de la industria automotriz y es relevante la producción aviar.
Al mismo tiempo, las exigencias sobre patentes y propiedad intelectual establecidas por los Estados Unidos permiten avizorar largas discusiones con la poderosa industria farmacéutica local, que ya estaba en alerta, y con el sector agrícola, en el caso de las semillas. Viejos conflictos que la Argentina viene eludiendo desde hace décadas. Un cascabel que nadie se ha animado hasta ahora a ponerle a ningún gato. Toda una prueba de fuego.
Por otra parte, el Gobierno está obligado a revisar políticas económicas, que apalancadas en las reformas o, al menos, con las expectativas que despierten esas reformas, generen una reactivación robusta que se haga sentir en un sector mayoritario de la población y de los actores económicos. El acuerdo con los Estados Unidos divide las opiniones al respecto. Sobre todo, en cuanto a los tiempos en los que se cruzarán las curvas de los beneficios y de los perjuicios para algunos sectores.
Al mismo tiempo, Milei tiene el desafío de hacer un ajuste profundo del funcionamiento de la administración para alcanzar una eficacia de la que ha carecido de manera inquietante para la mayoría de quienes deben interactuar con los responsables de la gestión. Si el “no hay plata” fue un mantra, el “no hay gestión” fue un karma que padeció el sector privado, la sociedad civil, la dirigencia política y los gobernantes subnacionales. Mauricio Macri se lo ha recordado cuantas veces se han reunido, sin que el Presidente se lo preguntara ni quisiera o estuviera dispuesto a escucharlo.
Buena parte de quienes se quejan del déficit de gestión han reconocido una disposición a la escucha de varios funcionarios, tanto como han sufrido la dificultad para que se moviera un papel dentro del sector público, aunque no tuviera costo para el Estado −e incluso si pudiera haber significado un ahorro−. Es el caso de la transferencia de obras públicas suspendidas o abandonadas que provincias y municipios reclamaban para hacerse cargo, sin lograrlo durante meses.
El gobierno libertario se ve obligado ahora a demostrar la eficiencia de la hiperconcentración del sistema de toma decisiones, que Milei consolidó tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) el 26 de octubre y luego de la sangrienta disputa interna que consideró saldada con el empoderamiento de su hermana Karina (y su equipo de colaboradores, liderado por los cuestionados primos Menem), en desmedro de Santiago Caputo. En la intimidad del universo libertario es, al menos por ahora, una situación irreversible. Y el caputismo actúa en consecuencia, a la espera de que pasen sus horas sombrías.
De ese reordenamiento resaltan como primeras consecuencias la ampliación de las cuotas de poder de la hermana presidencial y, por derivación, de la Jefatura de Gabinete, ahora a cargo del karinista Manuel Adorni. En ese terreno sobresale que del negado megaministerio del Interior, pretendido por Caputo, el gurú, se pasara al miniministerio, a cargo de Diego Santilli.
Salvo reformas posteriores, nunca le ha cabido mejor el nombre de cartera política a ese ministerio. Como si fuera casi una Secretaría del Interior, el recorte de áreas reafirma el excluyente objetivo enunciado por Milei a la hora de la designación del exdiputado amarillo: negociar con los gobernadores y con los legisladores nacionales.
Además, expresa la pretensión de mantener el control de áreas sensibles, a las que se suma el Ministerio de Justicia, bajo las manos y ojos de Karina Milei, la única que goza de la total confianza del Presidente, aunque algunos la confunden con dependencia.
El currículum de Santilli parece no ameritar, al menos todavía, concesiones, aunque de él dependa alcanzar buena parte de los objetivos imprescindibles para el Gobierno en este período final y, más aún, después de los formales compromisos asumidos con los Estados Unidos, destinados a impactar en la economía real y en la vida de todos los argentinos.
En ese punto asoman algunas sombras que habrá que ver cómo se despejan. Además de las reformas de incidencia económica, como la fiscal y la laboral, previstas para empezar a debatirse en febrero, hay otros proyectos en carpeta, como las designaciones de jueces, incluidos los que faltan en la Corte Suprema, y del procurador general de la Nación, que han dado lugar a versiones y nombres que no está claro cómo encajarían en las exigencias de los Estados Unidos. El cuestionadísimo Ariel Lijo y la cristinista Anabel Fernández Sagasti han vuelto a ser mencionados hasta en despachos oficiales.
Los rumores de una apertura al diálogo con concesiones al kirchnerismo para avanzar en ese terreno pusieron en alerta al macrismo, que hace tres días reunió a lo que queda del Pro para reafirmar su identidad, o sus diferencias, además de sus coincidencias con el oficialismo.
La era de la construcción, después de la etapa de la destrucción, está abierta, aunque no despejada.
