El ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Daniel Garbellini se presentó este jueves en Comodoro Py para ser indagado por el juez federal, Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa donde se investiga un entramado de direccionamiento de contratos, sobreprecios y sobornos. Para la justicia, tuvo un rol clave en el circuito de corrupción investigado. Sin embargo, se negó a declarar.
Para Picardi, la estructura que estuvo vigente desde diciembre de 2023 a julio de 2025, dentro de la ANDIS, funcionó de manera “coordinada y de común acuerdo. Así, los involucrados habrían obtenido amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable”.
La finalidad fue la “comisión de delitos contra la administración pública y obtener ganancias indebidas a través de maniobras fraudulentas y la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”, detalló el fiscal Picardi.
En ese marco se le atribuyó a Daniel Garbellini un rol preponderante.
Pese a ello y ante el magistrado y el fiscal Picardi, informó que se negaba a declarar y a responder preguntas. Sólo escuchó la acusación que le atribuyen en el marco de la investigación.
La imputación que se le leyó en el juzgado de Casanello sostiene: “Garbellini desempeñó como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS desde el 3 de junio de 2024 hasta el 21 de agosto de 20255, recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”.
A su vez, en el ejercicio de sus funciones, Daniel Garbellini permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS, esto es, sin cargo ni designación administrativa alguna, tomaran decisiones vinculadas con la gestión y administración de recursos públicos -algunas de ellas formaban parte de firmas vinculadas al sector de la salud-; accedieran a información privilegiada del sistema de compulsas de precios y pagos; e, incluso operaran el sistema de compras de medicamentos y prestaciones SIIPFIS desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas.
De este modo, “mediante acciones concretas, Spagnuolo y Garbellini garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado; todo lo cual es contrario a los fines de dicha entidad, especialmente pensada para diseñar e implementar políticas sociales para personas vulnerables”.
El fiscal Picardi determinó que había empresarios que tenían acceso a la clave del sistema de inscripción a las compulsas de precios y que fue Garbellini el responsable de proporcionar esa información.
En ese punto, en la acusación se hizo particular énfasis en la vinculación de Garbellini con Miguel Ángel Calvete, empresarios y Pablo Atchabahian quien ocupó el mismo cargo durante la gestión anterior.
especto a ese entramado de relaciones, la acusación sostiene que tales conexiones personales, se tradujo, en el beneficio de unas pocas droguerías vinculadas a personas cercanas a Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Se las invitaba a compulsas de precios “reducidas” o “acotadas”, o posiblemente de medicamentos“especiales” en su terminología”.
Ese circuito generaba a costos más elevados ante una oferta reducida, algo que Picardi denominó un «sistema eficaz».
En esas compulsas reducidas «resultaron adjudicatarias Profarma S.A. y Génesis S.A. casi en la totalidad de las compulsas de medicamentos, evidenciando un direccionamiento en el proceso en beneficio de aquellas”.
La imputación contra Daniel Garbellini, indica que del mismo modo, la maniobra se replicó “en la provisión de insumos vinculados con implantes cocleares, audífonos, y material asociado, se verá como se direccionaron las compras a las empresas Floresta S.A. y New Farma S.A”.
Dichos direccionamientos, tuvieron por resultado la adjudicación de compras por $28.247.022.880 en el caso de las compulsas acotadas de medicamentos para las empresas Profarma y Génesis -período julio 2024/agosto 2025-, y de $9.514.743.020 para las empresas Floresta y New Farma en los insumos auditivos referidos -período septiembre 2024/ agosto 2025-.
Todo derivó en un sistema para direccionar contratos, aplicar sobreprecios del 10-20% en general, según determinó el Ministerio Público Fiscal.
En función de eso, se le imputa a Garbellini que como una de las máximas autoridades de la ANDIS, siendo incluso responsable de las gestiones en el SIIPFIS; posibilitó el desarrollo de la maniobra delictiva.
De hecho, se expresó que en los diversos procesos de compulsas de precios, Daniel Garbellini mantuvo comunicaciones constantes con Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian.
Otra de las acusaciones que pesan sobre Garbellini, es haber buscado «entorpecer la investigación”.
¿Qué hizo? Si bien se hizo presente en su casa durante el allanamiento, “demoró en llegar a sabiendas de que las fuerzas policiales se encontraban en el lugar, y que a pesar de haber entregado su teléfono y clave, borró diversas conversaciones para que no puedan ser observadas por la administración de justicia penal”.
A la hora de ponderar esa información, la fiscalía consideró que no borró “cualquier conversación, sino aquellas que mantuvo con Miguel Ángel Calvete. Otro ejemplo claro de la actitud desafiante con el proceso”.
