En una reunión que se llevo a cabo este martes en la sede del sindicato de Camioneros en el porteño barrio de Constitución, las empresas concesionarias del servicio de recolección de residuos de la Ciudad le transmitieron a Hugo Moyano su rechazo a pagar indemnizaciones a sus trabajadores como exigía el gremio, según dijeron fuentes sindicales y empresarias.
Del lado patronal repitieron el argumento que ya le habían dado al jefe camionero en una reunión que se realizó la semana pasada. Que el pago era inviable y que, además, no correspondía porque la concesión del servicio vence recién en 2028.
Los representantes de las empresas trasmitieron que todo debía seguir tal como hasta ahora y que si hubiera medidas de fuerza podrían aplicarse sanciones ya que no existe base legal para el reclamo.
La advertencia es porque quedó flotando en el aire la posibilidad de que el sindicato se declare en estado de alerta y moviización y que los recolectores de residuos empiecen a trabajar a reglamento.
Pero lo cierto es que ese escenario aún no asoma claro. Fuentes gremiales dicen que Hugo Moyano, y su secretario de la Rama de Recolección de Residuos, José Garnica, deberán evaluar con mucho cuidado los pasos a seguir. «No sea cosa que las bases no les respondan», apuntaron.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en vez de trabajo a reglamento los trabajadores de residuos se esfuerzan el doble y las calles de la Ciudad lucen más limpias que nunca para dar un mensaje a la interna del gremio?
De la reunión de este jueves participaron Moyano, Garnica y Octavo Argüello, que proviene también de la rama de Recolección y es actual miembro de la conducción de la CGT. También cantó el presente Hugo Moyano (h), el abogado de Camioneros.
En la calle, mientras se desarrollaba la reunión, había cerca de 50 recolectores de residuos. Es poco, más si se contrasta con lo que movilizaba antes el jefe Camionero. Por cualquier cosa era capaz de juntar a 4.000 personas.
El jefe sindical pretende que se aplique la llamada «Ley Moyano», práctica que tiene años y que establece que una vez que se vence una concesión de recolección de residuos, las empresas deben echar, indemnizar y volver a contratar a los trabajadores.
El mes pasado se vencía la concesión original, pero éste fue prorrogada en 2022 por Horacio Rodríguez Larreta hasta 2028.
«Ya en su momento se les dejó bien en claro desde el Gobierno de la Ciudad que rechazamos ese reclamo porque la prórroga de los contratos vencía recién en 2028 y hasta entonces regía el mismo contrato existente, con la misma cantidad de empleados, con las mismas empresas y en las mismas condiciones de trabajo”, habían dicho a Clarín fuentes de la administración de Jorge Macri.
Este martes, en la Ciudad confiaron que ninguna de las concesionarias iba a aceptar el reclamo de Camioneros porque desde el Gobierno de la Ciudad el acuerdo no sería convalidado.
El inesperado reclamo por las indemnizaciones -en realidad Camioneros pedia que se les pagara ya a cuenta una parte de lo que supuestamente le correspondería a cada trabajador en 2028- pareció un intento de Moyano de posicionarse en la interna sindical frente a posibles rivales internos.
El secretario Gremial de Camioneros, Marcelo «Feúcho» Aparicio, no estuvo en la reunión de este martes, pese al cargo que ocupa y a que proviene también de la rama Recolección. Es un dirigente con mucha llegada a las bases, que parecen empezar a inclinarse por él y Pablo Moyano, el primogénito del jefe camionero. Padre e hijo están peleados.
En empresas de vínculo estrecho con Camioneros observan que «el gremio no tiene la fuerza de antes».
Este jueves, por otro lado, el legislador porteño Facundo de Gaiso buscará que se vote en la Legislatura un proyecto para que se prohíba la llamada «Ley Moyano.
