En una movida que, de prosperar, terminaría por beneficiar a la Casa Rosada, Diego Spagnuolo apunta a derribar toda la investigación judicial por el presunto cobro de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Plantea que fue el “chivo expiatorio” de una “operación de inteligencia” que montó el “cartel de las droguerías” contra un “grupo de tareas” que las desplazó para saquear las arcas del Estado nacional, indicaron tres fuentes de su círculo íntimo.
A través de su tercer y actual abogado, Mauricio D’Alessandro, el otrora titular de la Andis sostiene que los audios que circularon en los días previos a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre fueron “adulterados”, en parte con herramientas de inteligencia artificial (IA), para hacerlo afirmar lo que jamás dijo y que, por tanto, deben ser descartados por la Justicia.
“Esos audios son una evidencia adulterada, por tanto son nulos y la Justicia debe considerarlos ‘frutos del árbol envenado’”, indicaron junto a Spagnuolo, quien se presentó a declarar en indagatoria la semana pasada en los tribunales federales de Comodoro Py. Entregó un escrito en el que negó todos los cargos, pero optó por no contestar preguntas del fiscal federal Franco Picardi ni del juez Sebastián Casanello. De todos modos, los audios no fueron tomados como elementos de prueba por el fiscal.
El objetivo de su defensa pasa, en rigor, por la Cámara Federal porteña, que a principios de este mes desarrolló en la audiencia, en la que D’Alessandro afirmó que los audios están viciados, y debe ahora definir si acepta el planteo de la defensa –y anula toda o parte de la pesquisa– o da luz verde para que continúe la investigación por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Como mínimo, [la defensa] busca evitar que la investigación siga escalando”, indicó un segundo allegado de Spagnuolo. “Como máximo, obtener la nulidad de todo porque los audios funcionaron como ‘notitia criminis’ para la Justicia, que de otro modo no se hubiera activado para investigar”, resumió.
Durante esa audiencia, por el contrario, Picardi pidió rechazar el planteo de D’Alessandro. Remarcó que los audios no fueron tomados como prueba en su pesquisa y que “existen otros elementos que dieron inicio a la investigación”; entre ellos, el decreto del presidente Javier Milei que dispuso la salida de Spagnuolo tras la difusión de los audios. “No hay una sola evidencia que demuestre espionaje ilegal”, destacó el fiscal.
Junto a Spagnuolo afirmaron que solicitaron a la firma española Graudio Forensics que analizara los audios con la voz de Spagnuolo que circularon a fines de agosto pasado, en las que el entonces titular de la Andis detallaba cómo era el cobro de sobornos y cómo el dinero se elevaba a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que cobraría el 3% de la recaudación ilegal.
“El peritaje determinó que los audios fueron adulterados”, indicaron junto a Spagnuolo. Los expertos habrían detectado 15 cortes en los audios, más 5 interposiciones de su voz generadas con inteligencia artificial, combinaciones con escuchas telefónicas y el agregado de “ruido ambiente” para que pareciera que todo se grabó en algún lugar público, como un restaurante, confitería, bar o café
“Especialistas en audio para aplicaciones forenses y asistencia en litigios”, según se presentan en su página oficial de Internet, los expertos de Graudio Forensics habrían entregado los resultados –preliminares o definitivos- a D’Alessandro, que anticipó ante la prensa que presentaría ese “material” a la Justicia, sin dar mayores precisiones.
“La sospecha que tenemos es que mezclaron audios reales de Spagnuolo con frases que parecen suyas pero que alguien creo con inteligencia artificial, y a eso le añadieron ruido del Petit Colón [por el café ubicado en la esquina de las calles Lavalle y Libertad, corazón de la zona de los tribunales porteños] para darle verosimilitud y dificultar su análisis forense”, argumentó un alfil de Spagnuolo.
Los allegados a Spagnuolo sostienen que él quedó atrapado en una disputa comercial entre droguerías que históricamente abastecieron al Estado. Según esa versión, un “grupo de tareas” integrado por Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabaian y Daniel Garbellini —todos ellos investigados por la Justicia como parte de un “Grupo Museo”— habría desplazado al “cartel” que dominó el negocio –y los presuntos beneficios ilegales- durante años. Esa interna, dicen, podría explicar la “operación” que terminó con la filtración de los audios.
“Estamos hablando de fortunas que pasaron de un grupo a otro cuando los Kovalivker [por los dueños de la droguería Suizo Argentina] rompieron el cartel para quedarse con la porción mayoritaria de la torta”, afirmaron junto a Spagnuolo, que considera que eso podría explicar lo que definieron como “la operación de inteligencia” resultante.
“Con el quilombo que se armó, desplazaron al ‘grupo de tareas’ y dejaron contra las cuerdas a la Suizo Argentina de los Kovalivker”, indicaron junto al desplazado titular de la Andis, aún cuando el escándalo social, la atención de la prensa y la investigación judicial también colocaron a todas las droguerías bajo el escrutinio público.
Junto a Spagnuolo sospechan, incluso, de un supuesto “memo de inteligencia” que comenzó a circular entre periodistas a mediados de este año, pero que se habría elaborado a fines de 2024. Alimentado por hackeos ilegales de dispositivos electrónicos, apuntaría contra algunos de los investigados por el fiscal Picardi, como Garbellini y Atchabaian. Pero ese supuesto informe también apuntaría contra Héctor Hugo Schwab, “el Negro”, exsecretario de Salud de la Municipalidad de Malvinas Argentinas durante la gestión de Jesús Cariglino.
Cabe aclarar, no hay constancia de que ese supuesto memo haya sido incorporado como prueba al expediente judicial.
Así, para la defensa de Spagnuolo, la filtración de los audios habría sido el capítulo más visible de una puja por el control de un negocio millonario. Para la fiscalía, en cambio, no hay evidencia de una maniobra de inteligencia ni de adulteración de los audios, y la causa debe seguir. La última palabra la tendrá ahora la Cámara Federal.
