El Gobierno terminó de redactar el proyecto de reforma laboral y lo distribuyó entre un puñado de despachos clave, mientras ordena su estrategia para llevarlo al Congreso durante el verano. El borrador tiene más de 150 artículos, ya está en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y se enviaría formalmente el 9 de diciembre, en la previa de la convocatoria a sesiones extraordinarias. En paralelo, crece la incertidumbre sindical: la CGT insiste en que no recibió ningún texto y pone en duda incluso que exista un proyecto definitivo.
En la ingeniería política de la propuesta trabajaron el diputado del PRO Sergio Capozzi —una de las pocas referencias que le quedan a Patricia Bullrich dentro del bloque que conduce Cristian Ritondo— y la senadora radical Carolina Losada, que articularon con la Unión Industrial Argentina (UIA) y distintos sindicatos. Una fuente que participó del proceso definió la arquitectura interna de la reforma con una imagen que sintetiza las tensiones: “El proyecto es como un semáforo: en los convenios individuales tienen luz verde; en amarillo está el tema de las indemnizaciones, donde habrá debates; y en los convenios colectivos está en rojo, la CGT ni ningún sindicato quiere saber nada”.
Otra fuente que trabajó sobre el contenido advirtió que el oficialismo mantiene un fuerte hermetismo, aunque aseguró que «intervinieron todos los sectores”.
En la Casa Rosada decidieron que la conducción del proceso quede enteramente en manos del Poder Ejecutivo. La parte técnica, a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluye modificaciones de amplio alcance: actualización de la ultraactividad, vínculos entre convenios colectivos, cargas fiscales, financiamiento de sindicatos y cámaras empresarias, regulaciones de derechos colectivos, reglas para el trabajo individual y autónomo y un capítulo sobre democracia sindical.
La versión definitiva ya llegó a los despachos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; de Menem en Diputados; y de la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich. Con esa estructura, el Gobierno definirá la estrategia legislativa y administrará el margen de negociación con los bloques aliados.
“Convenios colectivos refiere a limitar bloqueos y asambleas, por eso los sindicatos no quieren ceder en eso. Más allá de eso, queremos que haya convenios por región, porque no es lo mismo trabajar en La Patagonia que en el Norte del país, son distintos contextos y distintas industrias”, explicó un diputado cercano al oficialismo.
Mientras el oficialismo avanza con su cronograma, la CGT endureció su postura pública. El dirigente Jorge Sola, miembro del triunvirato, dijo a Infobae que la central obrera no vio ningún borrador y sembró dudas sobre el propio proceso: “¿Será cierto que está redactado? Nosotros no sabemos nada y ante la falta de noticias certeras podemos pensar cualquier cosa”.
Sola aseguró que la discusión está condicionada por una matriz ideológica: «Hay una mirada más ideológica sobre la reforma laboral que sobre el impacto que puede llegar a tener. Está más cerca de replicar el DNU 70/23 que de incorporar más empleo en negro al registrado”.
También cuestionó la exclusión del sindicalismo de la mesa técnica: “Si una institución como la CGT o los empresarios no tienen noción directa sobre lo que se está escribiendo, es un problema. Para la clase política es un gran problema. Dudo notablemente de que tengan la solución”.
Sobre el avance hacia negociaciones individuales por empresa, advirtió: “No afecta el poder de negociación de los sindicatos, sino de los trabajadores. Cuando negociás por empresa tenés menos poder de negociación”.
Sola vinculó parte de las tensiones a internas dentro del oficialismo: “Hay cuestiones ideológicas del Gobierno contra nosotros. Ese sector es el de Sturzenegger. El triángulo es más negociador. Ahí está la verdadera negociación”.
Su análisis se completa con un diagnóstico económico más amplio: caída del empleo, deterioro salarial, paritarias con topes y pérdida de poder adquisitivo.
En el oficialismo ya definieron las prioridades legislativas. Según confirmaron legisladores libertarios, diciembre estará concentrado en el Presupuesto 2026. Luego, en la segunda quincena de enero comenzará el trabajo en comisiones para la reforma laboral, con el objetivo de llevarla al recinto en febrero.
A fines de febrero, el Gobierno buscará avanzar con la reforma tributaria. En cambio, no está en agenda impulsar una reforma previsional en el corto plazo.
El cronograma contempla sesiones hasta fin de año, un receso de dos semanas en enero y actividad parlamentaria entre el 19 de enero y el 28 de febrero. La posibilidad de sesionar todo el verano quedó descartada ante las dificultades para garantizar quórum en los primeros días de 2026.
En paralelo, la Casa Rosada acelera negociaciones con gobernadores: Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezan una ronda de reuniones con al menos 20 mandatarios considerados aliados o potenciales aliados.
