Axel Kicillof tuvo que desplegar una góndola de ofrecimientos y abrir al máximo la billetera para alcanzar un principio de acuerdo que permitiera garantizar la aprobación del pedido de endeudamiento por poco más de 3.500 millones de dólares que requiere para afrontar compromisos en 2026. Finalmente, este jueves, pasadas las 3 de la madrugada, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la autorización de la nueva deuda con el aval de dos tercios de los legisladores presentes.
Desde la noche del miércoles, los negociadores del oficialismo y las diversas versiones opositoras cerraban los detalles de un entendimiento que incluye reparto de cargos en estructuras del Estado y la creación de un fondo de dinero para repartir entre los 135 municipios bonaerenses.
A cambio, el gobernador bonaerense conseguía un instrumento que considera fundamental para propósitos variados: gestionar la Provincia en 2026 y ejecutar el Presupuesto que el parlamento votó hace 15 días. Pero, sobre todo, conseguir márgenes de maniobra para terminar el segundo mandato y consolidar su proyecto político que pretende construir para ser alternativa del peronismo en 2027.
No resultó sencillo el paso por esta estación legislativa. Fueron semanas de tensas e intensas gestiones dentro del espacio de Fuerza Patria y con los bloques de la UCR, Unión y Libertad (ex “libertarios blues”), el PRO y otros sectores con representación parlamentaria.
La escritura de este acuerdo tiene dos carillas bien diferenciadas. Kicillof primero tuvo que cerrar las diferencias con sus socios de La Cámpora y el massismo. Para eso, cedió el manejo de la Cámara de Diputados, que el martes dispuso un mecanismo de presidencia rotativa entre un diputado cristinista y alineado con los intendentes -Alejandro Dichiara- y un alfil del Frente Renovador -Alexis Guerrera-. El reparto de las secretarías más relevantes fue para esa sociedad.
Desde esos despachos se define el destino de casi $ 234.000 millones de pesos que administra la Cámara de Diputados, según el presupuesto que dispondrá en el ejercicio que comienza en menos de un mes. La presidencia del bloque de Fuerza Patria quedó para Facundo Tignanelli, delegado de Máximo Kirchner y con la llave que habilita los conocidos “módulos”, puestos y recursos en una bancada que será seguirá como primera minoría con 39 representantes.
La otra foja del convenio se compone con el reparto de cargos y funciones entre los dirigentes que representan el abanico opositor. Kicillof autorizó los pliegos de tres nuevos integrantes en el directorio del Bapro: el macrista Matías Ranzini (hasta ahora presidente del bloque PRO), el monzoísta Marcelo Daletto (senador integrante de la bancada UCR-Cambio Federal) y Fernando Rozas, hermano de Martín, el jefe del bloque de “libertarios dialoguistas”.
Otros dos reemplazos en ese cuerpo directivo de la entidad que vencen sus mandatos, quedarían para un ex alcalde del massismo, Javier Osuna (General Las Heras) y para Javier Bordoni (intendente de Tornquist, del oficialista Movimiento Derecho al Futuro, sostén del gobernador). Al filo del anochecer se presentaban todos los pliegos al Senado.
También se abrieron vacantes en puestos administrativos jerárquicos dentro del banco estatal para que los ocupen radicales del sector de Martín Lousteau y también completarían los cupos con nombres que emergerían de los socios del frente Fuerza Patria.
La distribución de lugares privilegiados en el organigrama estatal incluye otros entes. Enviados opositores irán a completar los puestos del Consejo General de Educación (un organismo asesor de la Dirección General de Escuelas que tiene integrantes del Gobierno, la Legislatura y los gremios) y el Tribunal Fiscal (un estamento de resolución de litigios tributarios del ámbito administrativo con ocho vacantes).
La componenda para cubrir las sillas vacías en la Suprema Corte de Justicia quedaría para futuras discusiones. Kicillof quería despojar este tironeo económico de esa discusión institucional. “Quedará para más adelante”, reconocían en las oficinas de calle 6 donde funciona la Gobernación y desde donde se monitoreaba minuto a minuto.
El hilo que cierra este trabajoso tejido político está constituido por el paquete de recursos que se distribuirá entre los intendentes. El gobernador se comprometió a otorgar hasta un 8% del monto total del pedido de endeudamiento. Traducido en pesos serían $ 350.000 millones.
Pero se pagaría en cuotas y el gobierno provincial deberá garantizar una porción superior al 60% de esa partida más allá de que se ejecute o no la deuda que tiene autorizada a pedir el Ejecutivo. Se pagará en cuotas que se estiran hasta mediados de 2027.
Así, Kicillof esperaba conseguir los 62 votos afirmativos de Diputados que garantizan los dos tercios necesarios para sacar dos proyectos de ley que piden autorización para tomar créditos. Y los 31 senadores que -después de la sesión extraordinaria de Diputados- tomaría las iniciativas para convertirlas en ley.
El Palacio de la calle 7 entre 51 y 53 preparó la logística para una noche larga. Los diputados y senadores que estuvieron todo este miércoles en tediosas y encendidas discusiones completaron el trámite que sellaría el acuerdo pasadas las 3 de la madrugada.
