A lo largo de la séptima audiencia del juicio de por el caso de los Cuadernos de las coimas, se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio firmado por la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF). El documento acusador se refiere a Cristina Kirchner como la “principal artífice de esta organización criminal”, siendo responsable de dar las “directivas al resto de sus miembros, en claro perjuicio del Estado Nacional”.
Con problemas técnicos al inicio de la audiencia, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con la intervención de la fiscal general Fabiana León, continuó con la lectura de las acusaciones en el marco del juicio que tiene a la ex Presidenta como principal acusada: está señalada como jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales entre 2003 a 2015.
La “asociación ilícita desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2008 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, sostiene la acusación de la querella.
A la cabeza de la organización criminal, en consonancia con el requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, se encontraban “Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández”.
Haciendo particular énfasis en el rol de la ex mandataria, recordó la UIF que el dinero “era entregado alternativamente a los titulares del poder ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 CABA, en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa de Gobierno, parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.
Respecto a esas entregas de dinero detalladas en la investigación, la querella dijo que son parte del grado de responsabilidad de Cristina Kirchner en la maniobra y que junto a las medidas de prueba impulsadas durante la investigación, se dijo que otorgan sustento “los testimonios de Claudio Uberti y Ernesto Clarens, quienes indican que entregaron dinero a Daniel Muñóz en el domicilio citado (Uruguay 1306)”.
La relevancia de esos testimonios radica en que “refuerzan la participación y el rol de liderazgo de la ex Presidente sobre los miembros de la organización, impartiendo órdenes, asignando funciones y sobre todo de continuar o suspender el accionar de esta organización criminal”, dijo la UIF.
A tal fin puede se mencionó las declaraciones de Carlos Wagner, quien manifestó que: «a partir del año 2012 se reinició el esquema de requerimiento de dinero y las oficinas del señor Clarens pasaron a estar en un edificio importante que está detrás del hotel Hilton de Puerto Madero, el cual también podría identificar si hace falta. La recaudación se hizo hasta el final del gobierno de Cristina Fernández».
También se consignó lo dicho por Ernesto Clarens, quien dijo que “durante los años 2012-2013 López me dijo que algunas empresas traerían dinero para la campaña del kirchnerismo. Recuerdo en particular que ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio trajeron dinero en ese concepto. En 2014-2015 continuó el pedido de dinero”.
En función de esos detalles, la querella sostuvo: “los elementos reunidos a la largo de la presente investigación ha quedado demostrado el rol que detentaba la ex Presidente en calidad de jefa de esta asociación ilícita, siendo a posteriori de la muerte de su marido, la principal artífice de esta organización con permanencia en el tiempo, emanando directivas al resto de sus miembros, en claro perjuicio del Estado Nacional”.
La UIF fue taxativa al referirse al circuito de sobornos y el rol de los acusados. Señaló que la asociación ilícita “de carácter estable estuvo destinada a cometer una diversidad de planes criminales, con el claro objetivo de lograr un importante provecho económico”, es decir: todos se enriquecieron.
Fue en ese momento donde se leyó: “Este esquema que se hizo permanente, dinámico, aceitado, y al cual cada parte fue brindando su aporte según el rol desempeñado, funcionaba de manera que para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaba un porcentaje de lo que el Estado Nacional le pagaba, a los funcionarios designados para recibir esos retornos o coimas”.
También se citó parte de la confirmación del procesamiento que consigna el mismo circuito de dinero ilegal que ya había relatado en el pedido de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli: bolsos que llegan a Recoleta, a Olivos o a la Casa Rosada, y posterior traslado a Río Gallegos. En suma, con mayor o menor detalle, “lo cierto es que las evidencias colectadas muestran que el derrotero de los montos recaudados culmina en los ex presidentes”.
Al momento de explicar las acusaciones individualizadas a cada uno de los integrantes de la asociación ilícita, la UIF explicó por qué entiende que Cristina Kirchner es la jefa de la asociación ilícita.
“De la maniobra explicitada se desprende que en el Gobierno de Néstor Kirchner se puso en funcionamiento un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el objetivo de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos ilegales en la comisión de otros delitos”, se leyó a lo largo de la audiencia.
